Los educadores sociales reclaman a la administración una regulación común para los centros de menores

Son menores de entre 12 y 17 años, con problemas de conducta. Viven en Centros de Atención Psicosocial, co-gestionados por fundaciones privadas y Comunidades Autónomas. Han salido a la luz a raíz del Informe del Defensor del Pueblo y cuentan las prácticas a las que los someten los educadores.

"La última vez que nos hicieron registros en als habitaciones, nos registraron toda la habitación y nos hicieron meternos en la ducha con el educador delante para ver si llevábamos algo", ha relatado a la SER una de las niñas del centro madrileño.

Cuando se portan mal, reciben sanciones, que van desde la retirada de su paga hasta el aislamiento de grupo. Los educadores dicen que este aislamiento no supera las tres horas. Pero los chicos con los que ha hablado la Cadena SER aseguran que hay varias salas en las que llegan a estar hasta tres días encerrados.

"La sala de contención es un cuarto chiquitito, como seis baldosas grandes", ha descrito uno de los chavales. Oscuro y sin muebles. Se utiliza para que los chavales se tranquilicen, según ellos mismos han contado. Luego pasan a otra sala, la de reflexión, donde pueden estar 24, 48 o incluso 72 horas, algo "supernormal", según ha comentado uno de los chicos.

El problema está en que no existe una legislación que diga si estas prácticas son legales o no. Los educadores del Centro Picón del Jarama (uno de los peor parados en el Informe del Defensor del Pueblo) niegan cualquier tipo de mala praxis. Pero reconocen que trabajan en un vacío legal y piden a la Administración una regulación común para todos los centros.

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"Así como en los centros de reforma sí hay un marco legal, una regularización sobre lo que de debe de hacer, auqí nos encontramos en un ámbito que no está nada claro", ha dicho un educador. "Lo que necesitamos es que se regulen los ingresos, que no se mezclen chicos de perfiles muy diferentes, que regulen las normativas de centro, que se regulen los tiempos que puede estar un chico en un separación de grupo", ha añadido una compañera.

La ausencia de legislación autonómica hace que sean las fundaciones privadas a las que pertenecen estos centros las que fijen los límites y las normas con las que se educa a estos menores.