El despacho de Blanco Balín, imputado por Garzón, ya fue registrado por blanqueo de capitales
Desde su despacho, pudo haber ayudado a decenas de implicados por blanqueo a traer el dinero ya lavado de vuelta a España desde el paraíso fiscal de Liechtenstein
Desde el despacho de José Ramón Blanco Balín, presuntamente, decenas de implicados por blanqueo recuperaron el dinero ya lavado de vuelta a España desde el paraíso fiscal de Liechtenstein, según ha podido saber la Cadena SER. La Guardia Civil lo registró por orden del juez de la Audiencia Nacional, Santigo Pedraz, el pasado mes de julio.
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Según asegura el juez Baltasar Garzón en su primer auto, el que envió a prisión a los primeros imputados, éstos operaban desde sociedades de inversión en España y, a su vez, habrían creado una estructura internacional de empresas en Inglaterra y Holanda. Dichas sociedades ubicadas en el exterior, explica Garzón, están participadas por entidades creadas en paraísos fiscales o territorios no cooperantes. Pues bien, José Ramón Blanco Balín, en su día consejero delegado de Repsol y uno de los principales imputados en la trama de corrupción que investiga Garzón, ya fue investigado en la operación de evasión de capitales en Liechtenstein y su despacho fue registrado por la Guardia Civil.
Se trataba de la operación más importante contra la evasión de capitales de españoles hacia paraísos fiscales. En una investigación que sigue abierta, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción busca desentramar un listado de inversores que no figuran como titulares de sus bienes y mueven cantidades millonarias a través de asesorías a otros paraísos fiscales. El dinero oculto volvía a España para ser reinvertido.
Pues bien, uno de los despachos en el que centró su atención la Guardia Civil por orden de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Pedraz fue el de José Ramón Blanco Balín, que ahora vuelve a aparecer en el centro de la trama de corrupción que investiga Garzón y que implica a varios cargos del Partido Popular.
Los agentes entraron en dos entidades financieras de la capital, Merchan S.A. y Vontobel Europe, y en la asesoría fiscal que tiene Blanco Balín en la calle Guzmán el Bueno 133 de Madrid, donde, el que fuera consejero delegado de Repsol, comparte despacho con otros asesores. La Agencia Tributaria pudo haber saldado las deudas con aquellos implicados que no superaban los 12.000 euros de evasión fiscal, sin embargo, entre los objetivos del juez Pedraz estaba desarticular la estructura de entidades y asesorías que facilitaban la fuga de cantidades millonarias.
El registro de los agentes en el despacho de José Ramón Blanco Balín duró cerca de veinte horas y requisaron decenas documentos, ordenadores y material informático que a día de hoy continúa siendo investigado por la Agencia Tributaria. Según fuentes de la investigación, desde este despacho presuntamente se diseñaban las estrategias para que el dinero volviera a España para ser reinvertido una vez blanqueado en paraísos fiscales.
José Ramón Blanco Balín acaba de ser imputado por Garzón y ha compartido cargos en las principales empresas investigadas junto a Francisco Correa, Álvaro Pérez y otros detenidos.
El perfil de un alto directivo (Jordi Fábrega)
José Ramon Blanco Balín, el asesor fiscal del que les estamos hablando, tiene una larga trayectoria empresarial, sobre todo, en el sector de la energía. Es especialmente conocido por su etapa como número dos de Repsol, donde ejerció como mano derecha de Alfonso Cortina. Estuvo nueve años en la empresa, entre 1996 y 2005, y siempre ejerció cargos de responsabilidad hasta llegar a ser consejero delegado.
Blanco Balín, además de aparecer como consejero en compañías como Ercros o Barclays, figura en la gestión o administración de una veintena de sociedades.
Su asesoría también estuvo en el punto de mira de los investigadores de la presunta evasión de capitales a Liechtenstein. Un caso destapado por un informador que vendió información sobre cuentas bancarias en este paraíso fiscal al gobierno alemán y en el que según la información que llegó a la Agencia Tributaria podrían haber estado implicados casi 200 españoles.
