Por qué hay que reformar la sanidad en EEUU

Quienes se oponen a revisar o reformar el sistema sanitario de salud en Estados Unidos alegan, por ignorancia o por demagogia, dos argumentos en su defensa: primero, que a este país no se le puede acusar de negligencia sanitaria cuando ofrece al mundo los mejores avances en tecnología médica y farmacológica; segundo, que ni son reales las cifras de población sin cobertura médica ni es cierto que a un paciente sin seguro o sin dinero se le niegue la atención ante un problema médico repentino.

Es absolutamente cierto que son las universidades y los laboratorios de Estados Unidos los que proporcionan algunos de los avances más esperanzadores en la medicina moderna, y es también incuestionable que son investigaciones extraordinariamente costosas. Pero la reforma sanitaria no cuestiona la capacidad de innovación ni la dedicación, sino la racionalización de los gastos. Algo no funciona en el sistema cuando el país que más invierte en el mundo en gasto médico per cápita (el 16,5% del P.I.B.) tiene una tasa de mortalidad infantil superior a la de Lituania, Corea del Sur o Tailandia. Algo falla en el diseño cuando un individuo nacido en Nueva York tiene, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, una expectativa de vida cuatro años inferior a la de un niño que nace en Cuba, en Chile o en Costa Rica. Las cifras demuestra las virtudes y la crueldad del capitalismo. El país que ofrece lo mejor ofrece también lo peor.

Nikki White, una mujer joven de Tennessee, perdió el seguro médico privado que costeaba su empresa cuando se quedó sin empleo por culpa de la crisis. Cometió el error de ser humilde pero no pobre, lo cual habría garantizado la cobertura pública a través del Medicaid. White estaba encerrada en ese grupo arriesgado de individuos sin acceso a seguro público y sin recursos para un seguro privado. Un libro recomendable para este debate, La curación de América (The Healing Of America, T. R. Raid), cuenta cómo White enfermó de lupus y entró en un laberinto de trámites, deudas, procedimientos denegados y fármacos de precio prohibitivo. White acabó convertida en un número: es una de las 22.000 personas que mueren en EEUU cada año por no poder sufragar la atención médica que requieren.

Quienes insisten en que a nadie en Estados Unidos se le niegan cuidados médicos ignoran conscientemente que los pacientes se enfrentan en muchos casos a una lucha contra el tiempo. No se niega atención médica pero sí se demoran o se niegan procedimientos costosos.

Al mismo tiempo, quienes rechazan tajantemente que en este país haya 46,3 millones de individuos sin cobertura médica, como dicen los datos del Censo, tienen toda la razón: son muchos más. Esos datos del censo no incluyen a millones de inmigrantes ilegales que, en caso de enfermedad grave, se enfrentan a opciones desastrosas: ante la perspectiva de cometer un fraude sanitario por suplantación de identidad o arriesgarse a su deportación, muchos optan por un sufrimiento en privado y aceptan el destino de su propia salud.

En último término, la reforma sanitaria -cualquiera que sea al final del proceso político actual- no es sólo necesaria para proteger a los desfavorecidos sino para instaurar un modelo ético en el sistema. Una compañía de seguro médico privado que cobra a un paciente cientos de dólares al mes no puede negarse a costear la extirpación de un tumor porque el paciente no había notificado a la aseguradora la presencia de una piedra en el riñón cuya existencia ignoraba; el paciente murió en medio de los trámites de reclamación. No se puede permitir que un tumor en el pecho de una mujer multiplique por dos su tamaño al quedar suspendido el tratamiento porque a la paciente se le había olvidado comunicar a la aseguradora que sufrió acné cuando era adolescente. Ambos ejemplos están documentados e incluso citados en el Capitolio por el presidente Barack Obama en su discurso reciente ante las cámaras.

¿Cuál es la ética sanitaria de un país en el que se permite a una compañía privada negar la cobertura médica a una mujer que ha denunciado a su marido por violencia doméstica? Esa es la lógica cruel del capitalismo: considerar que una mujer maltratada por su marido corre el riesgo de volver a requerir atención médica costosa si el marido reincide. Hubo hace tres años un esfuerzo demócrata para impedir que las compañías privadas puedan alegar que la violencia doméstica es una condición preexistente que permite la denegación de cobertura médica. Los republicanos lo impidieron.

¿Dónde está la ética en un sistema que factura 1.434 dólares por el mismo escáner que en Japón cuesta 105? ¿Cómo es posible que la tasa de vacunación infantil esté siempre por debajo de los países más desarrollados? ¿Por qué se permite a un hospital solicitar una tarjeta de crédito antes de recibir a un paciente en los servicios de urgencias?

Este es un país de contrastes; quizá por eso su sistema médico puede curarte como ninguno, pero también puede arruinarte o ignorarte.