El Senado respalda el traslado de prisioneros de Guantánamo a territorio de EEUU
La propuesta aprobada por la Cámara de Representantes permitirá el traslado de los presos a Estados Unidos sólo en el caso de que vayan a ser juzgados en tribunales de este país
La administración del presidente estadounidense Barack Obama podrá trasladar a los presuntos terroristas encarcelados en el centro de detención de la base norteamericana de Guantánamo a territorios de Estados Unidos, después de que la medida fuese aprobada este martes en el Congreso.
El Senado aprobó esta medida por 79 votos a favor y 19 en contra una semana después de que fuera aceptada por la Cámara de Representantes, con 307 votos a favor y 114 en contra, y elimina muchos de los obstáculos a los que la administración se enfrenta para cumplir con su compromiso de cerrar el centro de detención para enero de 2010.
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La medida, incluida en un proyecto de ley que establece la financiación del Departamento de Seguridad Interior para el presente año fiscal con 42.800 millones de dólares, necesita de la firma de Obama para convertirse en ley.
Un año para conseguir su objetivo
El inquilino de la Casa Blanca ordenó el cierre de la polémica prisión norteamericana en su segundo día en el cargo y dio un margen de un año para conseguir su objetivo, aunque desde entonces ha tenido que enfrentar numerosos obstáculos legales, políticos y diplomáticos. Tampoco lo tuvo fácil en el Congreso, a pesar de que el Partido Demócrata controla la Cámara de Representantes y el Senado.
Muchos republicanos se han opuesto a que los presuntos terroristas retenidos en Guantánamo sean juzgados ya que entienden que podría suponer una amenaza a la seguridad del país. Algunos incluso consideran que muchos de los presos no merecen protección legal de la administración estadounidense y creen que deberían ser juzgados en tribunales militares en Guantánamo.
La propuesta aprobada por la Cámara de Representantes permitirá el traslado de los presos a Estados Unidos sólo en el caso de que vayan a ser juzgados en tribunales de este país. Además, el Gobierno deberá presentar una evaluación de los riesgos y avisar con catorce días de antelación.
