Los nueve detenidos en el marco de la operación Pretoria llegan a Madrid
Luis García Sáez, el presunto jefe de la red catalana con la Operación Pretoria, se marcó un pelotazo en toda regla tras ganar cinco millones de euros
La Sindicatura de Cuentas ya alertó en 2007 al Parlament de "irregularidades" en la gestión de las empresas del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) en un informe que presentó en la cámara en que fiscalizaba sus cuentas de 2003. Pese a ello, ningún grupo le hizo caso ni pidió explicaciones en la comisión parlamentaria del síndico, indicaron fuentes parlamentarias.
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El informe fiscalizador, de más de 120 páginas, analiza las cuentas del Ayuntamiento en 2003 y constató "numerosas irregularidades que ponen de manifiesto graves deficiencias en la elaboración, contabilización y control de los expedientes de obras" en los encargos que hizo a sus dos empresas públicas dedicadas a la construcción y gestión de obra pública y equipamientos: Gramepark y Grameimpuls.
La Sindicatura recomendó en su informe al consistorio "que se establezcan mecanismos que permitan un adecuado control y supervisión" para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Entre las "numerosas incidencias, destacan encargos de obra del Ayuntamiento posteriores a la selección del contratista, modificaciones de la obra efectuadas con anterioridad a la autorización del Ayuntamiento, desviación del presupuesto hasta tres veces superior al importe presupuestado inicialmente, pagos de obras mediante permuta, y expedientes de obras encargados a empresas municipales "incompletos pese a ser de informes significativos".
Según publica el diario EL PAÍS, "Luis García Sáez, el presunto jefe de la red catalana que ha desarticulado el juez Baltasar Garzón con la Operación Pretoria, se marcó un pelotazo en toda regla tras ganar cinco millones de euros, el triple de lo que había invertido inicialmente en una operación inmobiliaria en la costa barcelonesa. Y en menos de dos años. El ex diputado del PSC, conocido como Luigi, triplicó su capital con una compra de terrenos en la localidad barcelonesa de Sant Andreu de Llavaneres a través de la empresa Niesma Corporació, en la que tenía como socio al abogado Francisco Alejandro Pretus".
El último detenido en ingresar en las dependencias de la Guardia Civil fue el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, que lo hizo poco antes de las dos de la madrugada.
Muñoz llegó a Sant Andreu de la Barca procedente del ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, adonde fue conducido por efectivos de la Guardia Civil para colaborar en la investigación y ayudar a recabar documentación.
