Rouco califica de antidemocrática la retirada de crucifijos de los colegios

El presidente del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, Marcial Cuquerella, ha asegurado este jueves que la retirada de crucifijos de los centros de enseñanza españoles "muestra la intolerancia del laicismo hacia el catolicismo", en respuesta a la proposición no de ley aprobada el jueves en el Congreso que insta a retirar los símbolos religiosos de las aulas. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Española El presidente de la Conferencia Episcopal Española y cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha lamentado que el Congreso de los Diputados asumiera la proposición de ERC para instar al Gobierno a la retirada de los crucifijos de las escuelas y ha recalcado que la democracia funciona "con la libertad y no con la imposición".

Al mismo tiempo, ha subrayado que confía en que esta decisión "se quede a nivel de comisión" y no se lleve a efecto, puesto que "se les priva a las familias y a los niños españoles en las escuelas del Estado el poder ver el signo más fundamental y característico de su fe, y de la fe que ha configurado su historia personal, la historia de sus familias, la historia de su pueblo".

Asimismo, Rouco Varela ha señalado que el crucifijo "no es un signo sólo religioso". "Es un signo de un humanismo que ha hecho transpirar al mundo entero con valores como el perdón o la misericordia", ha añadido.

El laboratorio, en contra

Cuquerella ha afirmado que la nueva normativa "no atiende a ninguna demanda social" y atenta contra "el sentimiento religioso de la mayoría" de ciudadanos españoles. "Los consejos escolares han solicitado que los crucifijos sigan en las escuelas, ya que más del 80 por ciento de españoles se considera católico y un 75 por ciento de los estudiantes elige estudiar religión en las escuelas", ha explicado.

Según Cuquerella, la normativa "ataca" el artículo 16.1 de la Constitución Española que, según dijo, "garantiza un trato cuidadoso" para el sentimiento religioso de la mayoría. "El Gobierno ha intentado resolver un problema que no había trasladando a los alumnos un mensaje de intolerancia frente a una religión, y no un mensaje de respeto a las mayorías. La mayoría, en este caso, elige mantener el crucifijo, y esta norma daña la Constitución".

Esta nueva normativa insta al Gobierno a aplicar en todos los centros escolares la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que asegura que los crucifijos en las aulas son "una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones" y de "la libertad de religión de los alumnos".