El Gobierno pide que el juicio al 'topo' del CNI sea a puerta cerrada

La vista oral contra el ex agente del CNI Roberto Flórez acusado de traición por vender presuntamente secretos de estado a Rusia comenzará el 25 de enero. Flórez se enfrenta a 12 años de prisión ya que se le acusa de suministrar durante años identidades y procedimientos del Centro Nacional de Inteligencia a los servicios secretos rusos.

La sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid decidirá en las próximas semanas si el juicio contra el ex agente del CNI Roberto Flórez cuyo inicio está previsto el próximo 25 de enero, tiene carácter público o se celebra a puerta cerrada.

Según ha podido saber la Cadena SER, el tribunal que preside el magistrado Alejandro María Benito López tomará la decisión después de que la Abogacía del Estado solicitase en su escrito de calificación que la vista oral del primer proceso por traición que se sigue en España, se celebre sin la presencia de medios de comunicación, ni de público de ningún tipo.

En su escrito, la Abogacía del Estado apela al artículo 680 de la ley de enjuiciamiento criminal que recoge la posibilidad de que el presidente del tribunal pueda decretar que las sesiones sean secretas cuando "así lo exijan razones de moralidad o de orden público, o el respeto debido a la persona ofendida por el delito o a su familia".

Según fuentes jurídicas, para ordenar la celebración del juicio a puerta cerrada, una decisión contra la que no cabría recurso, el tribunal tendría que hacer una interpretación "amplia" de la norma y encontrar encaje para este caso en el concepto de "razones de orden público".

Fuentes del Ministerio de Defensa han asegurado a la SER que la motivación del gobierno para tratar de evitar un juicio público es proteger la identidad del personal del Centro Nacional de Inteligencia que pueda ser citado a declarar como testigo. Sin embargo circunstancias similares ya se han dado en otros juicios y según fuentes judiciales "puede solucionarse al igual que ocurre con los testigos protegidos" garantizando que el rostro y el nombre de quienes declaran permanecen ocultos al público.

El ex espía Flórez se enfrenta a una petición fiscal de 12 años de prisión por un presunto delito de traición ya que se le acusa de suministrar identidades y procedimientos del Centro Nacional de Inteligencia a los servicios secretos rusos. La Abogacía del Estado se suma a la petición fiscal y añade subsidiariamente un delito de revelación de secretos. El caso no tiene precedentes en la justicia ordinaria por lo que tampoco existe un precedente a la hora de decidir sobre la naturaleza de la vista oral.

Hasta ahora, la medida excepcional de celebrar un juicio a puerta cerrada se ha adoptado casi exclusivamente en casos relacionados con agresiones sexuales a menores y siempre para preservar la intimidad de las víctimas, tal y como ocurrió con el caso del pederasta Nanysex.

Un único precedente: el caso Perote

Sin embargo, en la justicia militar sí existe un precedente de evidentes similitudes: el proceso del año 97 contra el Coronel Perote, el ex espía que sustrajo documentos secretos del entonces CESID.

En aquel caso el juicio se celebró a puerta cerrada por decisión del Tribunal Militar Central. Perote recurrió la sentencia condenatoria ante el supremo al considerar vulnerado su derecho fundamental a un juicio público, sin embargo, el alto tribunal consideró ajustado a derecho celebrar aquel juicio a puerta cerrada alegando "que la ley permite excepciones, en este caso justificadas para evitar la revelación de secretos y garantizar la seguridad de las personas del servicio de inteligencia"

Cuando en 2007 el ex agente Roberto Flórez fue detenido, el entonces director del CNI Alberto Saiz dio explicaciones en la que fue la primera rueda de prensa de un director del espionaje español. La comparecencia pública de un jefe del espionaje demostró, que incluso en materia de secretos, las cosas pueden cambiar con el paso del tiempo. La decisión ahora de un tribunal civil sobre la publicidad del juicio a Flórez, más de 12 años después del caso Perote, revelará si la justicia española comparte esa creencia.