La nueva finaciación autonómica sale adelante con el apoyo de CiU y PNV

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva a la reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) y sus normas aledañas con el rechazo del PP, UPyD y BNG y la abstención de IU, en una accidentada votación en la que finalmente CiU y PNV han votado a favor del texto, al que sólo se ha incorporado una de las enmiendas que había introducidas por el Senado.

La modificación de la LOFCA, por tener carácter orgánico, requería una mayoría absoluta (176 votos) y la superó con creces, al registrar 192 votos a favor, 144 en contra y una abstención, lo que supone un respaldo mayor en casi una quincena de escaños al que obtuvo cuando la Cámara Baja aprobó el dictamen inicial.

Ante un hemiciclo semivacío durante el debate, en el que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, fue la única representante del Ejecutivo, aunque no tomó la palabra, los portavoces de los grupos parlamentarios volvieron a desgranar sus posiciones a favor y en contra de la reforma. La ley orgánica del nuevo modelo de financiación autonómica se acabó votando dos veces porque, tras hacerlo la primera vez, el presidente del Congreso se dio cuenta de que no se habían votado las enmiendas de la oposición por un fallo en el cuaderno de votaciones elaborado por los servicios de la Cámara.

Votación repetida

Si en la primera votación el proyecto contó con el respaldo de 181 votos a favor frente a 159 en contra y 7 abstenciones, en la segunda el PSOE se encontró aún con más apoyos hasta llegar a los 180 votos: el PNV, que hasta ahora mantenía una tradicional abstención dado que el País Vasco tiene su propio sistema de financiación, y CiU, que por un error al marcar el sentido de voto, llevó al 'sí' a nueve de sus diputados (el décimo, Jordi Jané, que está en la Mesa del Congreso, sí votó en contra).

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"¡Otra, otra!", gritaron los diputados del PSOE, comentando que en una tercera votación podrían sumar incluso al PP. Pero éstos no fueron los únicos problemas, ya que unos 17 diputados, en su mayoría de PP y CiU, no llegaron a tiempo a la votación por haber tenido problemas con los ascensores de las dependencias parlamentarias. Al tratarse de una "razón técnica", el presidente de la Cámara, José Bono, tomó la decisión "excepcional" de permitirles la entrada, lo que suscitó encendidas protestas entre los propios 'populares'.

Uno de ellos, José Eugenio Azpiroz, del PP, se acercó a la Presidencia quejándose de que había habido poco tiempo para llegar al hemiciclo, lo que irritó a Bono que le espetó que la obligación de los diputados es estar en su escaño, con independencia de que funcionen o no los servicios de aviso de votación.

Durante el debate, en tono más sosegado que en la primera lectura del texto, el ponente 'popular', Álvaro Nadal, apuntó que el cese de Pedro Solbes como ministro de Economía y Hacienda desbloqueó un proceso de reforma que, sin embargo, se ha llevado a cabo de "manera partidista y arbitraria", pactado con minorías nacionalistas catalanas e "impuesto al resto de comunidades autónomas".

Asimismo, aseguró que el modelo es "básicamente el mismo" que el anterior, pero con un reparto "arbitrario" de los recursos. El socialista Javier Mármol replicó a Nadal centrando su exposición en las "contradicciones" entre la dirección nacional del PP y sus comunidades, que ejemplificó con el caso de Madrid y su presidenta, Esperanza Aguirre, a quien llegó a acusar de seguir la "máxima de coge el dinero y corre".

La izquierda catalana "no admite lecciones"

El representante de CiU, Josep Sánchez Llibre, expresó su "oposición frontal" a una legislación "opaca, poco transparente y poco democrática" que "castiga y penaliza" a las comunidades que hacen mayor esfuerzo fiscal. A su juicio, va a lesionar gravemente a las economías familiares "de toda Cataluña sin excepción" y se "perjudicará notablemente" la calidad de los servicios básicos en la región.

El portavoz de ERC, Joan Ridao, recordó el "camino sinuoso" del modelo de financiación, y destacó la "demagogia" del PP. "Este no es un traje hecho a medida de Cataluña, lo que ocurre es que hemos cambiado de sastre", defendió el líder republicano, que acusó a las comunidades 'populares' de, a pesar de sus críticas, "alargar la mano como el que más" para pedir fondos al Estado.

El diputado de ICV, Joan Herrera, celebró el nuevo modelo y advirtió directamente al PP y a CiU que no acepta lecciones de quienes pactaron el anterior sistema, a su juicio, injusto e insolidario, que incluía un "perverso incentivo" a rebajar la presión fiscal. Sobre el nuevo acuerdo que, a su juicio, "mejora el desequilibrio fiscal" y elimina el riesgo de 'dumping' tributario entre comunidades, señaló que su único defecto es que "ha tardado demasiado tiempo".

El PNV ve contradicciones

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, recordó que la reforma de la LOFCA no afecta al modelo del Concierto Económico vasco y navarro. No obstante, lamentó que al permitir que las comunidades puedan emitir deuda para financiar gasto corriente "excepcionalmente" en 2009 y 2010 entra en contradicción con el Estatuto del País Vasco, que marca que la región sólo puede endeudarse para inversiones.

La portavoz de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, reafirmó su apoyo a la reforma legislativa y celebró la "comprensión" del PSOE para corregir los "atentados" al "fuero histórico" y a los derechos de los canarios a recibir la misma financiación "que el resto de territorios".

Por su aparte, el representante del BNG, Francisco Jorquera insistió en que la norma no "avanza" en la solidaridad y perjudica especialmente a Galicia, al ponderar "insuficientemente" la dispersión poblacional, por lo que "no garantiza la suficiencia financiera de esta región". Finalmente, la diputada de UPyD, Rosa Díez, lamentó que el Gobierno haya pactado con fuerzas políticas nacionalistas "que sólo quieren el vaciamiento del Estado", algo que, a su juicio "están consiguiendo con un enorme éxito y publicidad". "Hemos perdido una oportunidad para establecer un sistema basado verdaderamente en la igualdad", incidió Díez, quien advirtió a Salgado de que los españoles "no pueden ser iguales sólo al 75% ó al 80%".