El gobierno valenciano aprueba que todos los concejales declaren sus bienes
La normativa contempla la creación de un Fondo de Cooperación Municipal, que se repartirá en base al criterio poblacional
El pleno del gobierno valenciano ha aprobado el anteproyecto de ley de Régimen Local. Entre otras cosas, los concejales de todos los ayuntamientos tendrán que hacer pública su declaraciones de bienes. También implica la creación de un Fondo de Cooperación Municipal donde el criterio poblacional será "determinante" para asignarlo, algo que después "se podrá corregir con algún otro elemento", según ha explicado en rueda de prensa, el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco.
Entre las novedades que introduce este texto normativo, Blasco ha citado la obligación de los regidores a declarar sus bienes con carácter público para que "los conozcan los vecinos". Así mismo, ha indicado que las localidades tendrán que someterse a la fiscalización de la Sindicatura de Cuentas "para que puedan acceder a ayudas de cualquier tipo".
Respecto al Fondo de Cooperación Municipal, Blasco ha señalado que el criterio poblacional será "determinante" aunque "se podrá corregir con algún otro elemento". La dotación económica de este fondo se establecerá "de común acuerdo" con las fuerzas políticas, según ha anunciado. De modo que no se ha fijado una cantidad porque también "el Gobierno central ha incumplido su compromiso de hacer un fondo municipal, tal y como llevaba en su programa", ha criticado.
Además de este fondo, el texto regula los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos que no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el Reglamento Orgánico de cada corporación.
Junto a ello, la ley contempla otras iniciativas para incrementar el nivel de participación en la gestión de asuntos públicos, como la creación del Defensor del Vecino; la configuración de consejos que facilitarán la interacción entre las corporaciones y la participación de ciudadanos en la gestión de los asuntos; y la puesta en marcha de mecanismos para agrupar entes locales.
Con todo, Blasco ha mostrado su deseo de que en su tramitación parlamentaria, el texto logre el máximo nivel de consenso y acogida "entre los distintos grupos políticos", igual que la tuvo en su fase inicial.




