Los dos chóferes de Fabra reconocido ante el juez que llevaron sobres cerrados al banco

Los dos chóferes del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, han asegurado ante el juez que llevaban "sobres cerrados" con dinero a entidades bancarias "bastantes veces", según fuentes del caso. José Salvador del Campo y el chófer ya jubilado Guillermo Redón, han declarado ante el juzgado número 1 de Nules que investiga a Fabra por delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y fraude fiscal.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules había citado a declarar como testigos esta mañana a los conductores de Carlos Fabra porque el pasado mes de noviembre, varios trabajadores de distintas entidades bancarias de Castellón, identificaron ante el juez a uno de los chóferes, José Salvador del Campo, como la persona que ingresaba dinero en algunas de las casi 100 cuentas en las que el mandatario provincial figuraba como titular, co-titular o autorizado.

El juez también ha citado a declarar al anterior conductor, Guillermo Redón, que ya está jubilado. Según fuentes del caso, ambos han reconocido que "iban al banco con sobres cerrados bastantes veces", sobres en los que transportaban dinero, pero de los cuales "desconocían la cantidad" que portaban.

Por otra parte, hoy también han declarado cinco empleados de banca, y el empresario José Luis Ramírez Sala, gerente de una empresa de limpieza adjudicataria de este servicio en la Diputación. A la salida de los juzgados ha dicho que sus contratos con la Institución provincial "están en regla". También ha manifestado que él, junto a varios socios, tenían proyectada una urbanización en La Coma, en la que "participaba la ex mujer de Carlos Fabra como socia".

El juzgado número 1 de Nules investiga a Carlos Fabra por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, y fraude fiscal. La Agencia Tributaria le denunció porque no declaró ingresos en efectivo de 600.000 euros en sus cuentas en 1999. Un año en el que la declaración le salió a devolver. Además, el fiscal anticorrupción le pide 2 años de cárcel por la supuesta falsificación de fitosanitarios.