La Fiscalía pide que se revoque la querella contra Garzón por el 'caso Gürtel'

Madrid

La Fiscalía acusa al ex fiscal y letrado Ignacio Peláez de mentir y al Tribunal Supremo de creerle. En un recurso muy duro, el Ministerio Público sostiene que "los hechos narrados por el querellante y tomados en consideración por la Sala de lo Penal son una versión absolutamente ajena de lo realmente acontecido que se sustenta en una documentación calculadamente fragmentada para superar el trámite de la admisión a trámite de la querella, antes de que el Ministerio Fiscal pudiera reaccionar aportando los elementos documentales que la desacreditan".

El Fiscal vuelve a insistir en que la intención del querellante, abogado del empresario José Luis Ulibarri en la trama Gürtel, es la de "obtener fraudulentamente una resolución favorable de un tribunal distinto de aquel que tiene conocimiento pleno e inmediato de los hechos". El Ministerio Público vincula esta ofensiva con las causas que ya tiene abiertas el Juez de la Audiencia Nacional en el Supremo señalando que "esta estrategia pretende ligar indisimuladamente la suerte procesal de este recurso a la suerte personal de la autoridad judicial y viceversa". El Juez Garzón, añade, se limitó a cumplir la Ley cuando autorizó las escuchas en prisión de los principales imputados de este caso de corrupción que afecta al PP con sus abogados.

Medida necesaria y proporcionada

El recurso defiende que la intervención de las comunicaciones era una medida necesaria para la investigación de los hechos y proporcionada a su gravedad, ya que iba encaminada a investigar el delito de blanqueo de capitales. En este sentido, subraya que "las complejas estructuras societarias nacionales e internacionales aquí utilizadas han recibido y hecho circular dentro y fuera de España millones de euros procedentes de delitos fiscales, cohecho y tráfico de influencias, entre otros" Y recuerda que la "extensísima red de sociedades alcanza a territorios no precisamente caracterizados por la bondad o celeridad en su sistema de cooperación judicial, como la Isla de Nevis o Panamá".

Además, justifica la necesidad de conocer lo que los detenidos hablaban con sus abogados con el argumento de que "las intervenciones telefónicas revelaron que los imputados estaban preparando reuniones y operaciones con la finalidad de ocultar y reorganizar fondos ubicados en el extranjero que a fecha de la detención no constaban que se hubieran producido. Si esas reuniones se encontraban pendientes, deberían celebrarse con asistencia de personas distintas de los imputados, privados como estaban de libertad".

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