España asume que no conseguirá modificar la posición de la UE frente a Cuba
El Gobierno español da por perdido su intento de suavizar la posición europea frente a Cuba como pretendía el ministro de Exteriores
El ministerio de exteriores asume que, tras la muerte de Orlando Zapata, no podrá cumplir con su aspiración de cambiar lo que se denomina posición común de la Unión Europea hacia Cuba.
El Ministerio de Exteriores asume que no podrá cumplir con su aspiración de cambiar la posición común de la Unión Europea hacia Cuba durante el semestre de la presidencia española. Fuentes del Ministerio descartan que pueda lograrse en el seno de la Unión la unanimidad necesaria para lograrlo.
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España aspiraba hasta ahora a cambiar la posición común de los 27, una postura de firmeza que fue fijada en el año 96 y que condiciona la relación con la isla a mejoras en materia de derechos humanos y libertades. El Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, defendía la semana pasada una vez más la necesidad de sustituir esa posición por un acuerdo bilateral con el régimen de Raúl Castro en el que se incluirían, eso sí, compromisos con los derechos humanos por parte de Cuba.
Para el gobierno español, la posición común no había provocado ningún avance en la isla, por lo que debería probarse a establecer una política de diálogo con la firma de ese acuerdo bilateral. Sin embargo, la falta de consenso en la UE ha hecho que nuestro gobierno tire la toalla. Tras la muerte del preso de conciencia Orlando Zapata, reconocen fuentes del Ministerio de Exteriores, no existe la unanimidad necesaria para lograrlo.
Debate en junio
Serán los ministros de Exteriores de la UE los que, en junio próximo, aborden como cada año la Posición Común que rige desde 1996 la política europea hacia la isla. Sus conclusiones las ratificarán días después los jefes de Estado y de Gobierno.
España no repetirá el éxito que obtuvo en 2008, cuando los líderes europeos aprobaron en 2008, a instancias del Gobierno español, eliminar las sanciones diplomáticas impuestas a La Habana en 2003 (y suspendidas desde 2005) por el encarcelamiento de 75 disidentes y ofrecieran retomar el diálogo político.
Las sanciones de 2003 consistían en limitar las visitas bilaterales de alto nivel, bajar el perfil de la participación de los Estados miembros en iniciativas y actividades culturales de las autoridades cubanas e invitar a los disidentes a las Embajadas en la isla en los días nacionales de cada país.
