Uno de los jueces encargado de las escuchas del 'caso Gürtel' se negó a investigar una adjudicación a las empresas de la trama

Madrid

Emilio Fernández de Castro archivó en 2007 una querella contra el Ayuntamiento de Boadilla, que concedió una parcela para construir 140 viviendas a la empresa UFC. El Tribunal de Justicia de Madrid reanuda hoy las deliberaciones para decidir sobre la validez de las escuchas abogado-cliente en prisión que autorizó el juez Garzón.

Emilio Fernández de Castro conoció las irregularidades urbanísticas que ha destapado la investigación del caso Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla. Hace tres años, redactó un auto para archivar una querella del grupo municipal Alternativa por Boadilla contra la adjudicación a la empresa UFC de una parcela para construir 140 viviendas. Este es uno de los principales contratos de las empresas de la trama que investiga la Fiscalía en el marco de este caso de corrupción que salpica al PP.

El archivo no fue fácil. Salió adelante en una ajustada votación: dos a uno. El juez Antonio Pedreira, que actualmente investiga la rama principal del caso Gürtel, emitió un voto particular a favor de que el asunto se investigara.

La empresa UFC es propiedad de José Luis Ulibarri, uno de los imputados en este asunto. Su abogado, Ignacio Peláez, fue el que interpuso la querella que investiga el Tribunal Supremo contra Garzón por haber autorizado las escuchas en prisión de los abogados con los presuntos cabecillas de la trama.