Investigan posibles malos tratos en centro de menores
El Defensor del Menor asegura que durante la visita "no se hallaron indicios" para llevar el asunto a la Fiscalía de Menores
El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid ha abierto una investigación de oficio para esclarecer posibles irregularidades en el trato a menores de un centro de trastornos de conducta ubicado en Galapagar a raíz de las denuncias formuladas por dos jóvenes que aseguran haber sufrido malos tratos físicos y psíquicos.
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El departamento que dirige Arturo Canalda asegura que la apertura del expediente no implica que se hayan detectado anomalías en el centro. De hecho, indican que un funcionario visitó el lugar y comprobó que los chicos están medicados bajo prescripción de Salud Mental y que se utiliza contención homologada, como en centros que tratan a pacientes con algún tipo de trastorno.
Sin embargo, un inspector del Defensor del Pueblo, que acudió por sorpresa hace unas semanas a este centro, descubrió la presencia de amarres y cuerdas de sujeción en las camas, así como que los chicos estaban medicados en exceso sin haber recibido información acerca de los fármacos que se les suministra.
Como consecuencia, el Defensor del Pueblo abrió una investigación contra este centro terapéutico de menores con trastornos de conducta. La visita al centro se produjo la semana pasada a instancias de las denuncias presentadas por varios jóvenes que aseguraron haber sufrido presuntos malos tratos físicos y psíquicos por parte de varios educadores.
Este mismo jueves, cuatro jóvenes y varios testigos de los hechos acudieron a declarar ante el Juzgado número 7 de Collado Villalba para contrastar las manifestaciones judiciales prestadas ya por los educadores del centro. Entre los cuatro jóvenes hay un menor, por lo que acudió a la declaración acompañado de un educador de la Comunidad de Madrid, según indicaron fuentes jurídicas.
"Al inspector le sorprendieron algunas medidas adoptadas. Vio en las camas cuerdas de sujeción para amarrar a los chavales. Había discrepancia entre lo que decía el equipo directivo y los menores. La dirección contaba que en los últimos veinte años, sólo se han usado las cuerdas en veinte ocasiones. Los chicos aseguraban que se emplean a diario para amarrarles incluso hasta 48 horas", indicaron
fuentes del Defensor del Pueblo.
El funcionario también comprobó que los chicos parecían estar demasiado medicados, sin conocer el motivo de por qué se les suministra tantos fármacos. "Los menores no conocen los medicamentos que toman porque no son informados, cuando la Ley del Paciente obliga a informar en todo momento", añadieron las citadas fuentes.
Por todo ello, el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación con la Comunidad de Madrid ante esta "situación alarmante". Por ahora, este organismo ha remitido a la Comunidad una solicitud para que le aclare si tenían conocimiento de esta situación. Están a la espera de una contestación.
