El Gobierno aprueba la norma contra las 'artimañas' de Batasuna
Alfredo Pérez Rubalcaba ha explicado que quien forme parte de un partido declarado ilegal tiene dos opciones: "O renuncia a los principios que llevaron a ese partido a ser ilegal o renuncia al acta de concejal"
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió hoy que los electos de un partido ilegal deberán realizar una "declaración expresa, notoria y fehaciente" de renuncia a la violencia y a todos los motivos por los que se declaró ilegal la formación a la que pertenecen
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El titular de Interior realizó esta afirmación durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que presentó el informe sobre posibles modificaciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para evitar la presencia de la izquierda abertzale en las instituciones. "Tendrán que hacer una fórmula expresa de rechazo a aquellas cosas que hicieron ilegal al partido al que pertenecían y eso deberá ser público, notorio y fehaciente", aclaró el ministro.
Para el Rubalcaba, causaba "cierta perplejidad que hubiera alguien en una institución que estuviera representando a un partido ilegal porque esa ilegalización se hizo después", como fue el caso de ANV. Por ello aseguró que se ha trabajado "mucho" en este asunto que jurídicamente es "muy complejo". "Hemos encontrado una solución, lo que no es sensato es que esta situación se mantenga. Creemos que la fórmula correcta es aplicarles a estos diputados una ''incompatibilidad sobrevenida''", anunció.
"Un partido ilegalizado no puede presentarse a unas elecciones, pero es verdad que puede suceder que un partido sea ilegalizado después", admitió Rubalcaba, quien reiteró que "está claro que, quien forma parte de un partido declarado ilegal tiene dos opciones: o renuncia a los principios que llevaron a ese partido a ilegal o renuncia al acta de concejal".
La reforma ha estado dirigida por el Ministerio del Interior durante un año con la colaboración del Departamento de Justicia, a través de la Abogacía del Estado, y el de Administraciones Públicas, así como la Fiscalía.
Las principales aportaciones son que los electos de un partido ilegal puedan perder su acta en caso de no condenar la violencia y también se amplía a 44 días el plazo para que la Abogacía del Estado o la Fiscalía recurran una candidatura sospechosa de secundar la violencia.
BATASUNA-EA
Preguntado acerca de la hipótesis de que miembros de la izquierda abertzale puedan ir en las listas de EA, el ministro eludió "entrar en la casuística mucho menos tratándose de EA que es un partido legal". En su lugar, Rubalcaba recordó que en "un momento hubo un partido como ANV que se presentó a las elecciones, no hubo tiempo para ilegalizarlo y lo que se pidió fue la impugnación de algunas de sus listas y el TS y el TC admitieron esta fórmula".
"Es evidente que estos cambios no son ajenos a la situación por la que atraviesa la lucha antiterrorista", admitió Rubalcaba, quien reiteró su mensaje para el entorno de ETA de quien dijo que "en estos momentos discute sobre cómo presentarse a las elecciones".
"Quiero enviar un mensaje nítido y firme. Sólo hay dos opciones: o rompen drásticamente, fehacientemente con ETA, o convencen a ETA de que deje la violencia y esta modificación que hacemos trata de dejar esto absolutamente claro", dijo. El ministro defendió esta medida argumentando que "quien hizo la Ley, tiene que prever la trampa" y aseguró que, de este modo, se emite "un mensaje de firmeza" al entorno de la banda.
Otra de las novedades prevista en esta propuesta está llamada a solventar algunos casos en los que ha fallecido o dimitido un concejal -situación que se ha dado, según dijo el ministro, en 26 municipios del País Vasco y Navarra- y "nadie le quiere sustituir". "En esos casos serán las diputaciones provinciales las que se encarguen de los ayuntamientos", detalló.
"EL PP CONOCE ESTOS TRABAJOS"
Respecto al "''modus operandi''", el ministro explicó que en el Congreso existe una comisión para modificar la Loreg y detalló que el Gobierno va a hacer una propuesta a todos los partidos a través del Grupo Socialista para iniciar los trámites.
Sobre las declaraciones de Mayor Oreja, el ministro insistió en que "el Gobierno tiene muy claro que lo más importante es la firmeza y la unidad y lo que más le disgusta son las polémicas que debilitan la unidad". "Con estas modificaciones legales estamos mandando un mensaje de firmeza y que alguien dude de ello o meta palos en la rueda no ayuda", añadió.
"El PP conoce estos trabajos, sabe en lo que estábamos conoce el sentido de las medidas, aunque no la literalidad y hoy mismo se lo haremos llegar", dijo. "Esta explicación de hoy la conocían el resto de partidos, con algunos he hablado ya y con el resto lo haré a lo largo de la tarde. Es parte de la estrategia antiterrorista", detalló.
Antes de la intervención del ministro del vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega añadió que "el objetivo es que los que apoyan a los violentos no puedan sentarse nunca más en los escaños de la democracia". "El principio del Gobierno es velar por la Ley, que establece que para hacer política sólo hay un camino: las normas del Estado Derecho".
"No hay atajos", aseveró de la Vega quien insistió en que "la violencia no cabe en el Estado Derecho". Los derechos políticos, solo desde la legalidad, que vamos a blindar para evitar recovecos y escondites", sentenció.
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