El Gobierno investiga la carga policial contra los manifestantes de El Cabanyal
El Ejecutivo defiende que está en contra de los derribos
La vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes ha lamentado los episodios de violencia en el Cabanyal y ha anunciado la apertura de un expediente para determinar las circunstancias de la actuación policial
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El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, recuerda que los derribos en el barrio de El Cabanyal de Valencia no cuentan con el apoyo del ejecutivo central y han estado programados única y exclusivamente por parte del Ayuntamiento de Valencia. Estaba, por tanto, en manos de la alcaldesa Rita Barberá el haber evitado los graves incidentes simplemente retrasando los derribos hasta que se pronuncien los tribunales, pero la Policía Nacional se vio obligada a actuar de manera preventiva para evitar un enfrentamiento todavía mayor entre los vecinos y la Policía Local.
Peralta asume hasta las últimas consecuencias la actuación de la Policía Nacional. Pide perdón a los periodistas que sufrieron algún golpe en el trascurso de la carga policial, no a los vecinos que cree deberían haber optado por acudir a los tribunales para paralizar los derribos. El Consejo de Ministros ha aprobado un recurso de anticonstitucionalidad contra la ley autonómica que entró en vigor este martes y que avala el Plan del Cabanyal.
Por su parte, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha enviado una carta a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, donde le pide que ella y el resto de miembros del Ejecutivo dejen de "estar, apoyar y defender" a la plataforma 'Salvem el Cabanyal' por su "violencia física y verbal.
El Ayuntamiento de Valencia responsabiliza de los incidentes a los grupos de oposición, que han alentado durante años a 'Salvem el Cabañal' y a los grupos violentos que, recuerdan, vienen atentando contra la alcaldesa y otros concejales populares desde hace diez años, desde que se anunció el plan del Cabanyal. El concejal de grandes proyectos, Alfonso Grau, ha señalado que el consistorio seguirá con los derribos cuando tenga más licencias concedidas, en las viviendas que ya son de su propiedad y que están fuera de la zona protegida, mientras la justicia no les obligue a detenerlos, igual que se ha hecho con la zona declarada Bien de Interés Cultural. Grau señala que el Ayuntamiento ha actuado dentro de la ley, y que hasta ahora nadie había esgrimido la necesidad de proteger el "conjunto histórico" de El Cabanyal.
En Valencia, el grupo municipal socialista ha pedido a la alcaldesa el cese inmediato del concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Domínguez y del intendente de la policía local por los incidentes de este jueves. La portavoz, Carmen Alborch, asegura que han permitido que los agentes actúen estos días de manera arbitraria, desproporcionada y coactiva, y reitera que el ayuntamiento debería paralizar los derribos porque está incumpliendo la orden del Ministerio de Cultura.
