El Europarlamento pide que se estudie la alta mortalidad por cáncer en Gibraltar
Este estudio ayudará a disponer de datos precisos sobre el impacto que tienen las industrias contaminantes sobre la salud en la zona
La comisión de Peticiones de la Eurocámara ha acordado enviar una carta a las autoridades españolas y británicas competentes en la que les recomendará que realicen un estudio epidemiológico integrado de la zona de Gibraltar para determinar los motivos de la alta mortalidad por cáncer en la zona.
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Los eurodiputados responden así positivamente a las peticiones presentadas por el español Juan Antonio Carrasco Ragel y la británica Justine Olivero. En ellas se señala que, según estudios realizados por la Universidad Pompeu Fabra, el índice de mortalidad de los habitantes de Gibraltar y el Campo de Gibraltar es elevado y su esperanza de vida es menor que en otras zonas de España.
Además, el Atlas municipal de mortalidad por cáncer en España, elaborado por el ministerio de Sanidad, demuestra que los niveles de cáncer en esta zona son mucho mayores que el promedio español.
Los peticionarios consideran que esta situación se debe a las actividades de refinado de combustibles, así como a la actividad de la industria pesada en la zona. Dado que el aumento de los casos de cáncer sería consecuencia de una contaminación transfronteriza, consideran que el caso afecta a la legislación europea.
Un representante de la Comisión explicó durante el encuentro que la refinería de Cepsa en San Roque, que se menciona en una de las peticiones como una de las industrias potencialmente perjudiciales para la salud, cumple todas las normativas y directrices europeas. A pesar de ello, el Ejecutivo comunitario instó a la empresa propietaria de la refinería a poner en práctica medidas preventivas para lograr que el proceso de refinado sea lo menos contaminante posible.
El Ejecutivo comunitario recordó además que Gibraltar ha incumplido en el pasado los niveles mínimos de calidad del aire exigidos por la UE, pero que en los estudios correspondientes a 2008 y 2009 sí se han respetado estos límites.
En todo caso, la Comisión admitió que "no existe una obligación jurídica de realizar estudios epidemiológicos".
