El Parlamento belga prohíbe por unanimidad el uso del velo integral en espacios públicos
La propuesta no se convertirá en ley hasta que la apruebe el Senado
La Cámara Baja del Parlamento belga ha adoptado este jueves por práctica unanimidad la proposición de ley destinada a prohibir el uso del velo integral islámico en espacios públicos, aunque la propuesta no se convertirá en ley hasta que la apruebe el Senado.
El texto ha logrado un acuerdo prácticamente unánime en la Cámara de Diputados, salvo dos abstenciones, pese a la polémica levantada en otros países como Francia por una iniciativa similar. El Senado previsiblemente seguirá el mismo camino y aprobará el documento en los próximos meses, previsiblemente en junio y julio, según estimaciones aparecidas en los medios de comunicación belgas.
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Sin embargo, la crisis de Gobierno que atraviesa Bélgica puede provocar que la medida se aplace hasta la próxima legislatura si se disuelven las cámaras antes de que el texto pase todos los trámites.
En principio, todo apunta a que Bélgica se convertirá en el primer país europeo en introducir una ley de estas características.
La medida, que supondría en la práctica la prohibición del burka o el niqab en espacios públicos, ya recibió el apoyo de todos los partidos de la disuelta coalición de Gobierno y de la oposición en una primera votación en la comisión de Interior del Cámara de los Diputados que tuvo lugar el pasado 31 de marzo.
El texto prevé multas de entre 15 y 25 euros y de uno a siete días de prisión para quien lleve en espacios públicos y comercios "el rostro cubierto o escondido parcial o totalmente, de manera tal que impida su identificación", con excepciones para quienes cumplan normas laborales o participen en festejos.
La propuesta legislativa fue presentada por el grupo valón Movimiento Reformador (MR) y respaldada en marzo por el resto de partidos políticos, que criticaron a los ecologistas de ECOLO, único partido que entonces mostró ciertas reservas respecto a las garantías jurídicas de una prohibición que no ha sido estudiada por el Consejo de Estado.
