Con el objetivo de acabar con la impunidad para los crímenes más graves que se pueden cometer y para sus autores se iniciaron, en un contexto de postguerra en el que el mundo comenzaba a ser consciente de las atrocidades que se habían cometido en la segunda guerra mundial, las negociaciones para crear un órgano jurídico que se convirtiera en el embrión de la justicia universal Hubo que esperar, sin embargo, casi medio siglo para que en 2002 se creara por fin la Corte Penal Internacional, el único tribunal permanente para los crímenes de genocidio, de guerra y contra la humanidad, en el que las causas que se investigan nunca prescriben y ante el que no vale ningún tipo de inmunidad diplomática, ni siquiera la de un presiente, como demuestra el caso abierto y la orden de detención contra el de Sudán, Omar Al Bashir, por su supuesta responsabilidad en los crímenes de guerra cometidos en Darfur. A pesar de que su creación es percibida como un avance histórico en la lucha contra la impunidad, este órgano con sede en La Haya, tiene algunas limitaciones. Ni puede actuar con carácter retroactivo, es decir, investigar ningún crimen cometido antes de su creación en el año 2002, ni juzgar los que se hayan producido en aquellos Estados que no son miembros de la Corte Penal Internacional. Actualmente son más de cien los países que forman parte de este órgano. Sin embargo, grandes potencias como Estados Unidos, Rusia o China todavía están ausentes en esta lista.