Los tres partidos de gobierno de la Generalitat y CiU registran en el Senado la proposición de reforma del Constitucional

Los grupos de Entesa y CiU en el Senado han registrado la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), encomendada por el Parlament el 29 de abril.

Los grupos han cumplido así con la resolución del Parlament que les concedía treinta días, los cuales se cumplían el jueves de esta semana, para iniciar en el Senado los trámites de reforma de la LOTC.

En el Parlament, PSC, CiU, ERC e ICV-EUiA aprobaron una resolución que insta al Constitucional a declararse incompetente en la sentencia del Estatut, reafirma la constitucionalidad del Estatut, insta a Congreso y Senado a renovar el TC, y pide reformar la LOTC para impedir la permanencia de magistrados con mandato caducado.

Plantean que los magistrados del TC "cesarán de forma automática e inmediata" una vez que hayan transcurrido seis meses desde que caducó su mandato. El objetivo de este punto es evitar que vuelva a suceder la situación actual por la que cuatro magistrados llevan en esta situación desde diciembre de 2007, incluida la presidenta del tribunal, María Emilia Casas.

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Sentencias no interpretativas

Además, propone que el TC tenga seis meses para sentenciar sobre los recursos presentados contra las leyes orgánicas de aprobación o las reformas de estatutos de autonomía. En caso contrario, los recursos serán desestimados. Este punto se amplía a las cuestiones de constitucionalidad.

La proposición de Entesa y CiU también reclama que las sentencias sobre estatutos no puedan ser interpretativas, "debiendo circunscribir su pronunciamiento a la declaración de conformidad o disconformidad con la Constitución". Además, propone que para declarar inconstitucional un estatuto o alguno de sus artículos sea necesario un total de ocho magistrados de los doce que componen el alto tribunal.

Añade una disposición final para que la reforma de la LOTC afecte a los recursos contra estatutos que ya estén interpuestos una vez que la nueva legislación entre en vigor, con el objetivo de que estas disposiciones afecten al Estatut.