Anticorrupción solicita a EEUU el embargo del patrimonio de la familia Mas Canosa
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a los Estados Unidos de América el embargo de todas las cuentas bancarias, y propiedades de los responsables de SINTEL, para hacer frente a las posibles indemnizaciones que suman más de 300 millones de euros.
El escrito de la Fiscalía, reclama al juez Santiago Pedraz que inicie los trámites para una comisión rogatoria a Estados Unidos que pueda terminar con la requisa de todo el dinero, productos o bienes inmuebles que tengan los hijos del empresario cubano exiliado a Estados Unidos y ya fallecido Jorge Mas Canosa, Jorge y Juan Carlos Mas Santos, responsables de SINTEL desde su adquisición a Telefónica en abril de 1996.
El juez Santiago Pedraz decretó hace un año la apertura de juicio contra los ocho acusados del caso Sintel por los delitos de insolvencia punible, delito societario y contra la Hacienda Pública, por los perjuicios que causó la quiebra de la filial de Telefónica en 2001.
El fiscal anticorrupción, José Grinda, aporta ahora la iniciativa para que las autoridades americanas requisen todos los bienes posibles, cuentas bancarias o cualquier otro producto comercializado, incluso cajas de seguridad, con los que resarcir a las victimas de la estafa y para garantizar que exista dinero para las indemnizaciones.
Ademas, el fiscal ha solicitado expresamente que se comunique tal medida a la autoridad de la Bolsa de Nueva York donde cotiza actualmente la sociedad "MasTec", la empresa que compró Sintel a Telefónica hace 14 años.
El proceso
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional será la encargada de juzgar a los ocho acusados, entre los que figuran Jorge Mas Santos y Juan Carlos Mas Santos, responsables de Mastec. Todavía no hay fecha para el juicio
La Fiscalía Anticorrupción pidió que condene a seis de los ocho acusados por el 'caso Sintel' a penas de cinco años y seis meses de prisión por delitos de insolvencia punible, societarios y contra la Hacienda Pública como responsables del vaciamiento y posterior quiebra en 2001 de la filial de Telefónica que dejó a 1.828 trabajadores sin empleo y un déficit patrimonial de 59,3 millones de euros.
Para denunciar su situación, los perjudicados acamparon durante seis meses en el Paseo de la Castellana de Madrid en el que se llamó "el Campamento de la Esperanza".
"La única intención de los compradores de Sintel era la de quedarse con todos los activos, manteniéndola activa durante la vigencia del contrato de obras y servicios firmado con Telefónica y liquidarla después eludiendo las responsabilidades derivadas de su disolución en fraude de sus trabajadores y acreedores", dijeron en su dia.
