PSOE, IU y BNG se oponen a la reforma de SITEL
Los tres grupos acusan el PP de utilizar la modificación del sistema de escuchas para tapar Gürtel
El PSOE, IU-ICV y el BNG expresaron este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados su rechazo a la propuesta del PP de regular mediante reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal el Sistema de Interceptación de Telecomunicaciones, conocido como SITEL, alegando que la intención real de los ''populares'' es cuestionar la investigación del ''caso Gürtel''
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El PP, que sólo recabó el apoyo expreso de CiU, defendió la iniciativa para reforzar las garantías e intentar suplir las "deficiencias" existentes en esta materia. Se trata de garantizar que, cuando una llamada telefónica se corte, sea sólo por falta de cobertura, ejemplificó el secretario de comunicación del PP, Esteban González Pons.
Según explicó el dirigente del PP, "la finalidad primordial es colmar las lagunas legales regulando todos los aspectos de la interceptación judicial de las comunicaciones que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que tienen que estar regulados por Ley".
"Hay quien sostiene que es suficiente con tener fe en el trabajo de las fuerzas de seguridad, fe en el ministro del Interior y el ministro de Justicia, en los fiscales y en los jueces y dejar la ley tan vieja y escuálida como está", dijo González Pons quien, sin embargo, defendió a continuación que, "pese a que todos ellos realizan su tarea con honradez, tan sólo se puede confiar en el Derecho". "Nuestro único credo es la Ley", apostilló.
González Pons finalizó su intervención citando la frase atribuida al líder británico Winston Churchil, quien dijo que ''la democracia es que cuando llaman a la puerta a las tres de la madrugada, uno tenga la certeza de que es el lechero''. En ese sentido, el dirigente ''popular'' defendió su propuesta deseando que "cuando a alguien se le corte una llamada de teléfono, tenga la certeza de que ha sido un problema de cobertura".
PSOE: "NO CUELA"
"De pronto al PP le ha entrado un afán en la protección de los derechos individuales y yo creo que hay algo detrás de todo eso", comenzó diciendo el diputado del PSOE, Antonio Hernando, quien denunció que "lo que se pretende es poner en duda que en la actualidad pueda haber manipulación en los sistemas de interceptación. No cuela".
"Los artículos que le preocupan al PP no son los de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino los del Código Penal que tipifican delitos como el fraude fiscal, el cohecho, el tráfico de influencias o la prevaricación", insistió Hernando, quien censuró que "los presuntos autores de estos delitos no han sido miembros de mafias del Este ni chorizos de medio pelo, sino cargos del PP e incluso un presidente de comunidad autónoma" en referencia al presidente valenciano, Francisco Camps.
A su juicio "no es SITEL, sino Gürtel" y afirmó que, "efectivamente, en el sumario del caso hay conversaciones sonrojantes, zafias, algunas que ni se pueden reproducir en esta Cámara". "Pero de eso no tiene la culpa el sistema de interceptación", zanjó.
"IRRESPONSABLE E INOPORTUNA"
En representación de IU-ICV, Gaspar Llamazares también se mostró en contra de la proposición de ley que calificó como "irresponsable e inoportuna" ya que "sería convertir al Congreso en cómplice de la estrategia de defensa del PP en el ''caso Gürtel'' además de una injerencia al Poder Judicial". "El sistema es perfeccionable, pero igual que hace seis años", añadió Llamazares, quien hoy realizó la intervención desde su escaño, según dijo, como muestra de los servicios mínimos de su grupo en el marco de la huelga de funcionarios.
También el PNV se manifestó en contra de la propuesta por medio de su diputado Emilio Olabarría, quien admitió que a su partido "no le gusta nada el sistema SITEL, aunque haya sido avalado por el Tribunal Supremo", pero añadió que el PP "carece de autoridad" para proponer esta regulación. "Creo en sus argumentos, pero no en la bondad de sus intenciones y como no creo en su autoridad con nosotros no van a contar", dijo.
Tan solo CiU se mostró favorable a la reforma propuesta por el PP ya que, según dijo, el diputado nacionalista Jordi Jané, el mismo Tribunal Supremo "dice que el actual marco normativo es raquítico e insuficiente". "No cuestionamos el sistema SITEL ni su uso legítimo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, quiso aclarar Jané, quien, sin embargo, defendió una regulación por ejemplo para que se eliminen de los sumarios aquellas partes de las escuchas que no sean relevantes para la investigación.
Desde el Grupo Mixto, el diputado del BNG, Francisco Xesús Jorquera anunció que su formación no puede dar el voto favorable al manifestarse en contra de las reformas parciales de la LEcrim para la cual pidió una reforma integral. A partir de ahí coincidió con el resto de los grupos al recordar que SITEL fue contratado por el PP por lo que rechazó "usarlo ahora como arma arrojadiza contra determinadas actuaciones judiciales" en relación al caso Gürtel.
EL INICIO DE LA POLEMICA
La polémica sobre las escuchas y su custodia arrancó el pasado verano a raíz de que las acusaciones formuladas por la secretaria general de los ''populares'', María Dolores de Cospedal, y se agravó el pasado noviembre hasta el punto de provocar una airada discusión en los pasillos del Congreso entre el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y dos diputados del PP, Esteban González Pons y Carlos Floriano, que le acusaron incluso de amenazas.
Para el primer partido de la oposición, la necesidad de regular por Ley Orgánica el sistema de escuchas se vio reforzada después de que dos magistrados del Tribunal Supremo cuestionasen la legalidad de SITEL alegando que el juzgado que recibe los datos grabados en un DVD "no puede dar fe de que el contenido coincide con un original al que no tiene acceso", ni tampoco "puede garantizar que no se han eliminado electrónicamente fragmentos de conversaciones".
Aunque en estos meses el PP ha querido desvincular sus denuncias sobre el funcionamiento de SITEL del llamado ''caso Gürtel'', sí que considera que el "toque de atención" que los dos magistrados del Supremo dan al legislador podría abrir la vía a que se puedan tumbar procesos judiciales.
Así lo aseguró en su día a Europa Press el secretario de Comunicación del PP, Carlos Floriano. "Con esta posición se abre paso una corriente jurisprudencial que puede dar lugar a que se tumben procesos judiciales. Es un toque de atención que el Tribunal Supremo da al legislador para que esto no suceda", indicó.
