Un estudio interno avisó a Aguirre de que el Campus de la Justicia estaba mal planificado y presupuestado

Hace más de un año, el Gobierno regional ya fue informado por un estudio interno al que ha tenido acceso la SER de que el Campus de la Justicia, el proyecto estrella de Esperanza Aguirre, estaba mal planificado, mal presupuestado y tenía evidentes riesgos de todo tipo, incluidos riesgos políticos por las promesas incumplidas.

El informe, elaborado por una prestigiosa consultora inmobiliaria, llega a decir que los 18 edificios previstos eran muy singulares pero no se ajustaban a las necesidades reales. Incluso asegura que se cometieron errores tan pueriles como que no se tuvo en cuenta que parte de los terrenos en los que se iba a levantar el Campus de la Justicia estaban en la zona de servidumbre del aeropuerto de Barajas y eso impedía poner grúas muy altas para construir los edificios, lo que suponía un millonario sobrecoste, en concreto, más de 26 millones de euros.

A pesar de la contundencia de este informe, que está en manos del Gobierno regional desde hace algo más de un año, Esperanza Aguirre ha dicho que el proyecto era bueno.

Estos son algunos datos atos concretos de ese informe fechado el 25 de mayo de 2009:

1. Los edificios proyectados podían alojar 395 juzgados cuando se necesitaban al menos 416. Es decir, el proyecto nacía corto.

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2. Para construir algunos de los edificios singulares no se podían utilizar grúas altas para no interferir con los vuelos de Barajas. Este hecho, no pensado en el proyecto inicial, supone un aumento de los costes de 26 millones de euros.

3. El Campus de la Justicia necesitaba, entonces, 1.500 millones de euros. Hasta 2008 se habían comprometido cerca de 230 millones.

4. Tan sólo en 2007, la sociedad había gastado algo más de 5 millones de euros.

5. El proyecto no tiene plan estratégico claro, serio, preciso y riguroso. No existe plan de financiación a medio o largo plazo. Tan sólo para acabar lo empezado y paralizar el proyecto se debería invertir entre 2009 y 2010 un importe de 61 millones de euros.

6. En cuanto a los riesgos políticos, el informe dice que es posible que el Gobierno regional no cumpla sus promesas y la existencia de dos contratos con empresas relacionadas con el caso Gürtel: una, la constructora Begar y otra, la de una compañía de seguridad Serygur, con la que aún trabaja Campus de la Justicia.

7. El informe redactado por la consultora inmobiliaria dice que es necesario redactar un plan estratégico, algo que no se ha hecho un año después. El plan debe implicar también al Ayuntamiento, Gobierno central y hasta a Aviación Civil.