El Gobierno propone reducir el coste del despido para las empresas

El Gobierno ha remitido ya a los agentes sociales su propuesta de reforma laboral. Es un documento de 41 páginas en las que el Gobierno se marca cinco objetivos: reducir la dualidad del mercado de trabajo, aumentar la flexibilidad interna de las empresas, facilitar la contratación de los jóvenes y los parados, regular el papel de los servicios privados de empleo y reforzar los instrumentos para aumentar la igualdad entre hombres y mujeres.

Entre las propuestas estrella de este documento destaca la clara apuesta del Ejecutivo por reducir el coste que supone para las empresas despedir a un trabajador. Para ello, propone distintas medidas. La más novedosa es la creación, a partir de 2012, de un fondo de capitalización, en el que la empresa acumulará dinero por cuenta del trabajador para ser utilizado en caso de despido o jubilación.

Paralelamente, el Estado se compromete a asumir, a través del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), un máximo de 8 días de indemnización por cese en el caso de los trabajadores que hayan sido reclutados con un Contrato de Fomento de la Contratación Indefinida. Para hacerlo más atractivo, incluso se permite a las empresas que compensen a un trabajador despedido por causa disciplinaria con esta indemnización en vez de los 45 que recoge la actual legislación.

Por el contrario, los contratos temporales tendrán un coste del despido mayor. Ahora es de 8 días por año trabajado y el Gobierno propone incrementarlo paulatinamente hasta llegar a los 12 días de indemnización en el año 2014. También se limita el uso del contrato por obra y servicio a un máximo de 2 años, prorrogables a 3.

Además, el Gobierno propone que los despidos colectivos puedan tener una indemnización por despido de 20 días por año trabajado siempre que "los resultados de la empresa arrojen pérdidas económicas no meramente coyunturales". La empresa deberá acreditarlos documentalmente y justificar que el despido puede mejorar su situación financiera.

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Mayor flexibilidad interna

El documento del gobierno propone ampliar los motivos por los que la empresa puede modificar las condiciones de trabajo. Se incorpora una nueva causa: la distribución irregular del tiempo de trabajo para adecuarlo a las circunstancias de producción.

También se permite que la empresa aplique reducciones de jornada y de sueldo de entre el 10 y el 70% del total por los mismos motivos. Aquellas compañías que compensen la reducción de jornada con actividades de formación verán reducidas sus cotizaciones sociales.

El Gobierno también propone modificar el Estatuto de los Trabajadores para que "cuando la situación y las perspectivas de la empresa o su estabilidad económica" puedan verse dañadas pueden saltarse el régimen salarial que fijan los convenios superiores. Para ello deberán acordarlo con los representantes sindicales o -en su ausencia- con un grupo de 3 trabajadores.

Además, el Gobierno aumenta de 6 a 9 meses la tasa de reposición para los trabajadores que hayan sufrido un expediente de suspensión de empleo y que posteriormente sean despedidos.

Reordenación de las bonificaciones

La propuesta del gobierno concentra las bonificaciones a la contratación de aquellos colectivos más castigados por la crisis. Especialmente a los jóvenes y a los mayores de 45 años que lleven tiempo en paro. Las compañías que contraten estos colectivos se beneficiarán de disminuciones de entre 500 y 1500 euros en sus cotizaciones empresariales durante los próximos tres años. Asimismo las empresas que realicen contratos de formación estarán exentas de pagar cuotas a la Seguridad Social.

Intermediación laboral

El Gobierno suprime la prohibición a las agencias privadas de colocación. Son empresas que pueden intermediar entre un parado y una empresa para facilitar la celebración de un contrato. Estas agencias deberán estar coordinadas con los Servicios Públicos de Empleo y, en ningún caso, según ha asegurado el ministro de Trabajo, podrán cobrar al trabajador por esa labor de intermediación.

El ejecutivo también propone prorrogar hasta finales de 2011 el contrato a los 1500 orientadores laborales que los Servicios Públicos de Empleo contrataron a mediados de 2008.