Chávez dicta una orden de captura contra el presidente de una cadena opositora
Las autoridades policiales encontraron <b>24 automóviles almacenados de forma irregular</b> en el interior de una de las viviendas de la familia
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, confirnó ayer viernes que a solicitud del Ministerio Público el Tribunal Número 13 de Control de Venezuela ha dictado sendas órdenes de detención contra el presidente de la televisión opositora Globovisión, Guillermo Zuloaga, y uno de sus hijos, Guillermo Zuloaga Siso, que también trabaja como directivo en la cadena, por los de usura genérica y agavillamiento.
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En declaraciones a la cadena estatal VTV, la fiscal general recordó que estos dos ciudadanos fueron imputados en 2009 por ambos delitos, después de que las autoridades policiales encontrasen 24 automóviles almacenados de forma irregular en el interior de una de las viviendas de la familia. Después de que los acusados no pudieran justificar por qué habían estado depositados en el inmueble durante tanto tiempo, las autoridades impusieron medidas cautelares contra Zuloaga y su hijo mientras se avanzaba en las investigaciones, señaló Ortega.
"Practicadas las investigaciones se determinó que eran depositados en una casa de familia con fines de posterior venta a precio abultado", informó la Fiscal General. "Ante estas circunstancia que rodearon el caso, el Ministerio Público concluye que presuntamente estamos ante la comisión de usura genérica continuada, por la forma que venía operando".
Pena
La responsable del Ministerio Público explicó que la usura genérica está tipificada como delito en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y el Código Penal venezolano. En concreto, las leyes venezolanas recogen este delito como el acuerdo o convenio que en forma oculta o disminuida tiene por objetivo obtener beneficios desproporcionados mediante la especulación y establecen una pena de entre uno y tres años de prisión para quienes lo cometan.
Por otra parte, la fiscal añadió que el agavillamiento es la asociación de dos o más personas para cometer un delito, lo que está penado con entre dos y cinco años de prisión, según el artículo 286 del Código Penal.
La solicitud fue presentada ante el Tribunal Número 13 de Control por el Fiscal Primero Nacional, José Gregorio Morales, y el Juzgado acordó dictar la orden de detención, detalló Ortega. "Hasta este momento no han sido aprehendidos", apuntó la fiscal general. "Ahora habrá que esperar a que las autoridades policiales logren aprehenderlos para presentarlos ante el Tribunal, al que le corresponderá determinar en qué situación quedarían ellos: si privados de libertad, con una medida cautelar sustitutiva de libertad o cualquier otra decisión", aclaró.
