El tribunal del "caso Udalbiltza" absuelve a Campos y ordena la captura de un acusado
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto este jueves a Miriam Campos del delito de integración en organización terrorista del que se le acusaba en relación con sus actividades en la Asamblea de Electos de Batasuna conocida como Udalbiltza Kursaal, disuelta en 2002, contra cuyos responsables se inició hoy un juicio, al estimar las alegaciones de su defensa en el sentido de que ya había sido juzgada y condenada por estos hechos -a 11 años y medio de cárcel- con ocasión del macroproceso celebrado contra el entramado ETA-KAS-EKIN. Se pedían para ella 10 años de prisión
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Pese a la oposición mostrada por el fiscal del caso, Juan Moral, y de los letrados de la acusación popular, en representación de la asociación Dignidad y Justicia, el tribunal ha estimado las alegaciones de la defensa y ha declarado que en el caso de Campos concurre el principio ''non bis in idem'', que impide que nadie pueda ser juzgado dos veces por unos mismos hechos. Así, la Audiencia Nacional absolvió de inmediato a la procesada, ahora en prisión, y ordenó que fuera sacada de la sala de vistas.
El tribunal, que preside el magistrado Javier Gómez Bermúdez, ha rechazado la petición realizada en el mismo sentido en relación a otro de los principales encausados en este procedimiento, Xabier Alegría, también juzgado en EKIN, pues en su caso además de integración en ETA se le imputa delito de malversación de caudales públicos, por los que se piden para él 15 años de cárcel.
Antes de iniciar el juicio, la secretaria del juzgado constató la ausencia de uno de los 22 encausados, Xarlo Etxecaharreta, a quien se acusa de ser responsable de la Asamblea en Francia. Su abogado afirmó que su cliente ya manifestó hace unos días públicamente su decisión de no acudir a la vista, tras lo cual Bermúdez decretó contra él una orden de busca y captura. La Fiscalía pide penas de entre 10 y 15 años de prisión para los 21 responsables de la Asamblea de Electos que serán juzgados desde hoy por su relación con la Asamblea de Electos.
Interrogatorios
Tras resolver estos incidentes, el tribunal, compuesto también por los magistrados Ramón Sáez Valcárcel y Manuela Fernández de Prado, ha iniciado el interrogatorio de los acusados hasta las dos de la tarde, cuando se ha interrumpido la sesión hasta las cuatro y media.
Esta mañana han sido interrogados cinco acusados, que reconocen haber participado en Udalbiltza bien como trabajadores o responsables de diversos ayuntamientos en la Asamblea y negaron que dicha entidad tuviera algo que ver con EKIN o ETA, si bien ésta tenía entre sus objetivos trabajar por la "nacionalidad" vasca.
La primera en ser interrogada ha sido Karmele Ubistondo, quien se ha negado a contestar a las preguntas de la Fiscalía y de Dignidad y Justicia y sólo respondió a su defensa en euskera. Ha dicho ser una simple ayudante administrativa y no haber tenido responsabilidad en EKIN o en ETA ni disposición sobre las cuentas de la Asamblea. Sí ha admitido que en su piso se encontró un Zutabe (boletín interno de ETA), que no era suyo, sino de Arantza Erasum, con quien compartía casa, aunque cree que esta publicación no está restringida a los miembros de ETA.
La segunda en comparecer fue Leyre Idoyaga, que ha contestado en castellano para explicar que trabajó como contable en Udalbiltza y que nunca ha sido responsable de Jarrai (brazo juvenil de ETA), tal y como señala el Ministerio Fiscal. Declaró que nunca escuchó que la Asamblea fuera un órgano de contrapoder y que los ingresos que llegaban eran de diferentes Ayuntamientos, si bien ella no era la responsable de controlar cuáles eran las entidades locales que participaban en el sostenimiento económico de Udalbiltza.
"Reconocimiento de la nacionalidad vasca"
El tercer interrogado, Oscar Goñi, tampoco ha querido contestar al fiscal ni a Dignidad y Justicia. Ha dicho, a preguntas de su defensa que él era el representante del Ayuntamiento de Vera-Bidasoa en Udalbiltza y miembro de su Comisión Ejecutiva, pero no por orden de ETA. Negó la propia existencia de Udalbiltza Kursaal, al decir que "sólo existe una Udalbiltza".
Añadió también que en la Asamblea se planteó una línea de trabajo de reconocimiento de la nacionalidad vasca, pero que no fue impuesta por ETA. Para ello, propusieron iniciativas "para que esa nacionalidad sea reconocida, de autoconfirmación. "No vamos a ir a ningún estamento de ámbito superior, sino a plantear a los ciudadanos un ejercicio de libre adhesión a esa línea de pensamiento", ha explicado.
En este punto, Goñi ha pedido permiso a la Sala para exponer un símil futbolístico. "En casa somos de Osasuna, pero eso no significa que seamos antimadridistas. El camino es el respeto, y nuestro camino es la palabra, se puede estar de acuerdo o no", ha añadido. Ha negado que se pretendiera realizar un censo.
Posteriormente compareció, José Manuel Jurado, quien tampoco ha contestado al fiscal ni a la acusación popular. A preguntas de su abogada, Ione Goiricelaia, dijo que cuando fue detenido en 2003 su única relación con Udalbiltza fue la de acudir a sus asambleas "al igual que otros 800 cargos electos".
Jurado era concejal de Villaba (Navarra), pero ha negado haber organizado plataformas electorales en su pueblo. Sí asumió que "hizo todo lo posible para que la izquierda abertzale y sus ideas estuvieran presentes en las elecciones, porque era justo y necesario", y participó en la plataforma de su pueblo.
"Yo sigo teniendo las mismas ideas", ha añadido, para señalar que en estas plataformas participaban personas que "nunca habían estado en Batasuna", por lo que no fue una sustitución del partido ilegalizado, ni él recibió directrices ETA o la propia Udalbiltza, que nada tenía que ver con ellas. Sobre la pegatina de ETA encontrada en su domicilio, declaró que tenía una colección de 300 pegatinas y que una de ellas era de la banda.
Después compareció Lander Echebarría, que se definió como "independentista y de izquierdas" y quien tampoco contestó al fiscal ni a Dignidad y Justicia. A preguntas de su defensa admitió que él acudió a la Asamblea por el Ayuntamiento de Bilbao, y nunca por orden de ETA. Ha coincidido con anteriores acusados en apuntar que la constitución de Udalbiltza obedecía a la construcción de la nacionalidad vasca, y ha negado que la asamblea tuviera que ver con la constitución de plataformas electorales, como AuB, en las que participó.
Según el escrito de calificación provisional de la Fiscalía, Udalbiltza Kursaal intentó jugar un papel predominante en la reorientación de la actividad de ETA para continuar con el llamado "Proyecto de Construcción Nacional" de la banda y depende directamente de ella.
Los responsables reales de Udalbiltza Kursaal son, según el escrito fiscal, Xabier Alegría, Miriam Campos; Leire Idoyaga; la concejala del Ayuntamiento de Urnieta (Guipúzcoa), Miren Karmele Urbistondo; el concejal del Ayuntamiento de Vera de Bidasoa (Navarra) Oscar Goñi y la concejal del Ayuntamiento de Oyarzun (Guipúzcoa) Larraitz Sanzberro.
El resto son José Manuel Jurado Torvisco, Lander Echebarría Garitacelaya, Eider Casanova, Loren Arkotxa, Miren Josu Aramburu, Joseba Mikel Garmendia, Imanol Esnaola, Xabier Iragorri, Charles Etchecaharreta (responsable de la Asamblea en Francia), Esperanza Iriarte, Miren Jasone Astibia, Urko Irastorza, Maria Victoria Ugarteburu, Juan Carlos Alducín, Miren Odriozola e Ibon Arbulu.
Los cuatro responsables que se enfrentan a la mayor petición de prisión, un total de 15 años son Joseba Mikel Garmendia, Loren Arkotxa, Xabier Alegría y Xabier Iragorri a los que se acusa, además del delito de integración en organización terrorista del que están acusado los 22 y por el que la Fiscalía pide una pena de 10 años, de malversación de caudales públicos, por el que pide cinco.
