Portugal mantiene su veto a la venta de Vivo
El consejo de administración de PT ha concluido sin un acuerdo sobre la oferta de Telefónica para hacerse con la participación del 30% que PT ostenta en la brasileña Vivo
El ministro de Presidencia portugués, Pedro Silva Pereira ha dicho que "el Gobierno ya había manifestado su oposición a la oferta y, si no se modifica, naturalmente la posición del Gobierno no puede cambiar".
El consejo de administración de Portugal Telecom (PT) ha concluido sin un acuerdo sobre la oferta de Telefónica para hacerse con la participación del 30% que PT ostenta en la brasileña Vivo a un precio de 7.150 millones de euros, según informa el diario ''Jornal de Negocios''.
El grupo español había dado de plazo límite al operador luso para decidir sobre dicha propuesta hasta las 23.59 horas de este viernes (horario portugués, una hora más en España).
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Ahora, deberá ser la firma presidida por César Alierta la que continúe con las negociaciones hasta que expire el plazo dado por el propio grupo español.
De hecho, Banco Espirito Santo, principal accionista de Portugal Telecom (PT) con casi el 8% del capital del operador luso, ha defendido la venta para construir "una nueva vida en Brasil". En concreto, el presidente de la entidad financiera, Ricardo Salgado, ha señalado que la alianza entre PT y Telefónica en Brasil se ha "agotado", por lo que le gustaría ver que la compañía lusa cuenta con los medios financieros necesario para reinvertir en Brasil y "empezar una nueva vida".
Horas antes de conocer la decisión del consejo de administración de PT, el Gobierno luso, que el pasado 30 de junio usó la ''acción de oro'' pese a que una amplia mayoría de los accionistas de PT dieron el visto bueno a la oferta de la española sobre Vivo, ha anunciado que mantendrá su oposición a la venta si Telefónica no modifica la actual oferta de 7.150 millones de euros.
El pasado día 8, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), dando la razón a la Comisión Europea, declaró ilegal la acción de oro utilizada por el Gobierno portugués por constituir "una restricción no justificada a la libre circulación de capitales", una decisión que el Gobierno luso dijo que acataría.
