La Eurocámara ratifica la reforma de la supervisión financiera para evitar nuevas crisis
El presidente del Parlamento Europeo sostiene que "las instituciones financieras ya no podrán dedicarse a apostar sin regulación a costa de los contribuyentes"
El pleno del Parlamento Europeo ha ratificado definitivamente la legislación para reforzar el sistema europeo de supervisión financiera con el objetivo de prevenir futuras crisis.
La reforma creará a partir del 1 de enero de 2011 un sistema de alerta que detecte riesgos para la economía y tres nuevas autoridades comunitarias de supervisión (bancaria, bursátil y de seguros) para mejorar la coordinación entre supervisores nacionales, que seguirán siendo los máximos responsables de las tareas de control.
Más información
Las nuevas normas garantizarán que "las instituciones financieras ya no puedan dedicarse a apostar sin regulación ninguna a costa de los contribuyentes", ha afirmado el presidente de la Eurocámara tras la votación.
"Es la primera respuesta seria de la UE para paliar las causas que condujeron a la crisis económica y para evitar que, en caso de crisis futuras, sea otra vez el contribuyente quien corra a cargo de la factura", ha resaltado por su parte uno de los ponentes de las nuevas normas, el parlamentario del PP José Manuel García-Margallo.
Tras casi un año de negociaciones, la Eurocámara ha logrado que los Gobiernos refuercen los poderes de las nuevas autoridades europeas de supervisión, cuya misión inicial se limitaba a elaborar normas comunes, supervisar a las agencias de calificación de riegos y mediar de forma vinculante cuando haya discrepancias entre los reguladores nacionales de los países en los que opera una entidad transfronteriza.
Gracias a las presiones del Parlamento, los Veintisiete han aceptado que las nuevas autoridades tengan además poderes para prohibir temporalmente operaciones que amenacen la estabilidad financiera, como las ventas a corto.
Asimismo, en situaciones de emergencia, podrán dirigir directamente a los bancos decisiones de obligado cumplimiento, aunque sólo cuando haya una vulneración de la legislación comunitaria.
En todo caso, las autoridades no podrán adoptar ninguna decisión que pueda afectar a las responsabilidades fiscales de los Estados miembros, es decir, que le obligue por ejemplo a inyectar dinero a un banco con problemas.
Esta era la máxima preocupación de Reino Unido, que obtuvo una cláusula de salvaguarda reforzada que le permitirá apelar ante el Ecofin cualquier decisión de las autoridades que considere que pueda tener impacto presupuestario. Esta especie de freno de seguridad significa que la última palabra la tendrán los ministros de Economía de la UE.
