Desarticulada una trama dedicada a expedir títulos de formación a cambio de dinero
El caso es grave porque se cobraba por impartir títulos sin dar formación alguna, por ejemplo, para el manejo de material sanitario o de primeros auxilios
El edificio donde se encuentra una de las oficinas del sindicato SIT eje de la operación dedicada a expedir titulaciones académicas falsas.(EFE/ Román Ríos)
Los títulos, que se expedían de forma fraudulenta, los emitía un sindicato en Cádiz (el Sindicato Independiente de Trabajadores) y los validaba la Escuela de Servicio de Sanitarios y Sociales del Gobierno de Canarias y una empresa extremeña. Hay diez detenidos y dos imputadas, entre los que están, dos dirigentes políticos del PP canario. El caso es grave porque se cobraba por impartir títulos sin dar formación alguna, por ejemplo, para el manejo de material sanitario o de primeros auxilios. Esos títulos, decenas de miles, han servido para conseguir puestos en empresas privadas pero también en la administración pública.
Más información
La Guardia Civil ha llamado a esta investigación Operación Catis. Con ella ha puesto fin a una trama dedicada a expedir títulos de formación de todo tipo a cambio de dinero. Los solicitantes pagaban al Sindicato Independiente de Trabajadores, con sede en la calle Brasil de la capital gaditan, para obtener títulos con los que conseguían certificar una supuesta formación que nunca habían recibido. Y no una formación cualquiera. Entre los cursos que se impartían, estaban el de transporte sanitario, la atención en urgencias, el manejo de aparatos médicos o primeros auxilios. Pero en realidad, según la investigación de los agentes, el sindicato era una tapadera. No tenia actividad sindical, se limitaba a ofrecer títulos a cambio de dinero. El sindicato se valió de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias y de la consultora Preving, con sede en Mérida (Badajoz) Extremadura para hacer oficiales sus títulos.
La operación pone en entredicho la validez de decenas de miles de títulos que este sindicato ha expedido en Cádiz en los últimos años y con los que muchos han podido obtener puestos de trabajo. Pero la investigación no aborda a los alumnos. Se centra en los responsables de esta formación fraudulenta. La Guardia Civil ha podido intervenir casi un millón y medio de euros, aunque también cree que los beneficios fueron mucho mayores. La investigación se ha saldado con diez detenidos y otras dos imputadas. La mayoría de los arrestados lo fueron en la provincia gaditana, en las localidades de Puerto Real, Cádiz y Jerez.
Aunque los arrestos llegaron a Extremadura, donde fue detenido el responsable de Preving Consultores, y a Canarias, donde la investigación ha llegado hasta recientes cargos públicos del PP en el gobierno insular. Fue detenida Inmaculada Acosta, última directora de la escuela hasta la ruptura del pacto entre PP y Coalición Canaria. Y ha sido imputada María Rosa de Haro, su antecesora en la dirección, y que hasta hace un mes ostentaba el cargo de directora del Área de Salud de La Palma. Ambas iban en las listas del PP en las últimas elecciones de 2007 y 2008. El único que sigue en prisión es el secretario general del sindicato, acusado de estafa y falsedad documental. El juzgado número 4 de Cádiz se está encargando de la instrucción judicial. No se prevén nuevos arrestos.
La reacción de Preving
La empresa Preving, ha emitido un comunicado en el que niega rotundamente haber participado en alguna actividad que implique falsedad documental y estafa. En el texto, esta empresa extremeña anuncia que si el sindicato independiente de los trabajadores de Cádiz ha hecho un uso fraudulento de su nombre tomará las medidas legales oportunas. También quiere aclarar que no hay ningún responsable de esta compañía imputado en la operación. Preving Consultores añade que colaborará con la Policía Judicial de Cádiz en todo lo que se le solicite.
