Díaz Ferrán declara como imputado en una presunta trama de concursos amañados
Ha sido citado por su imputación en la Operación Mar Blau, que investiga una presunta trama de concursos amañados a través de la Autoridad Portuaria de Baleares
Agentes de la Policía Nacional interrogarán este mediodía al todavía presidente de la CEOE y propietario del conglomerado de empresas Trapsayates, Gerardo Díaz Ferrán, en dependencias policiales de Madrid por su imputación en la Operación Mar Blau, que investiga una presunta trama de concursos amañados a través de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB).
Díaz Ferrán será inquirido en torno a la concesión a Trapsayates de la gestión de los amarres del puerto de Maó, adjudicación aprobada en 2008 y en la que se centran las pesquisas por haberse producido un presunto trato de favor hacia este grupo de empresas, perteneciente al grupo Marsans.
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Este viernes también ha prestado declaración en la Jefatura Superior de Policía el ex presidente de la APB, Joan Verger, también como imputado, ya que bajo su mandato se habrían producido las principales irregularidades investigadas en estas diligencias, que indagan la posible comisión de delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública y estafa, en los que habrían incurrido funcionarios de la APB en el marco de estas adjudicaciones.
En principio no hay previstos nuevos interrogatorios a lo largo de esta jornada sino que se espera que continúen la próxima semana con nuevas citaciones, según han indicado las mismas fuentes. Durante este jueves fueron interrogados varios técnicos de la APB mientras que por la tarde depusieron el actual presidente de Autoridad Portuaria, Francesc Triay, y el director de esta entidad, ?ngel Matías, todos ellos como imputados.
El pliego de condiciones pudo ser amañado
Las indagaciones apuntan a que la convocatoria para la concesión de la explotación de los amarres, cuyo pliego de bases y cláusulas fue aprobado por unanimidad por el Consejo de administración de la APB el 30 de septiembre de 2003, pudo ser amañanada a tenor, entre otros aspectos, de lo trascendido de una conversación entre Joan Verger y ?ngel Matías con el máximo responsable del Club Marítimo de Maó, Luis Barca, al margen del proceso de adjudicación.
Así, la Fiscalía ha enfocado sus investigaciones durante estos últimos meses en las negociaciones que se habrían llevado a cabo independientemente del desarrollo del concurso y de la valoración de los técnicos a las distintas propuestas presentadas. La concesión pasaba por la gestión de los atraques por parte de Trapsa durante 14 años y diez meses, con una inversión de 2,8 millones de euros para 155 amarres de 10 a 30 metros de eslora.
