El TSJM condena a 8 años de inhabilitación especial Trinidad Rollán, la número dos de Tomás Gómez, por prevaricación
Por votar a favor de un convenio urbanístico que contaba con un informe negativo
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a ocho años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación a la ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz y secretaria de Organización del PSM, Trinidad Rollán, por votar a favor de un convenio urbanístico que contaba con un informe negativo.
El Alto Tribunal ha impuesto la misma pena a los concejales Francisco Martín Rojas y a Valentín Gómez Morán.
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El TSJM también ha condenado a siete años de inhabilitación a Esperanza Rozas; Francisco Martín Rojas; Julia López Jiménez; María del Mar González Romero; Josefina Ginovart Amorós; María de los Desamparados Gallego Alfaro; y Francisco Montero Almirón, imputados en la causa, según ha informado hoy el presidente del tribunal, Francisco Javier Vieira.
EL PSM ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo.
El convenio con Patrimonio Siglo XXi
La ex Corporación Municipal de Torrejón de Ardoz fue juzgada en el mes de diciembre por el TSJM. El teniente fiscal Carlos Ruiz de Alegría pedía para todos los imputados ochos años de inhabilitación por la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y Patrimonio Siglo XXI para la construcción de unas viviendas sociales, ya que consideraba que, al salir adelante, se había incurrido en un delito de prevaricación.
Durante el proceso, Rollán recalcó que el secretario municipal en ningún momento intervino en el Pleno para hacer constar que había elaborado un informe contrario a la legalidad del convenio a votar, así como de su contenido.
A preguntas del fiscal sobre si tenía conocimiento de la ilegalidad del convenio, Rollán reseñó que "en ese momento no había motivo de dudar de la legalidad del expediente", puesto que había sido planteado por el concejal de Urbanismo en la comisión previa y en la reunión de grupos municipales, a lo que se añadía los informes técnicos que avalaban la firma.
"En el momento de votar, no tenía elemento que me llevase a dudar de la legalidad. Estaba absolutamente convencida de solucionar un problema grave de 107 familias en peligro. Si no hubiera habido informes favorables, no se hubiera realizado", indicó en su momento Rollán.
