La juez imputa al Gerente sevillano de Urbanismo por el 'caso Mercasevilla'
La magistrada ha concluido el primero de los cinco sumarios que instruye
La juez que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla ha imputado al Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Millán Carrascosa, y ha concluido el primero de los cinco sumarios que instruye, relativo a la presunta petición de una comisión ilegal de 450.000 euros
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En un auto al que ha tenido acceso la Agencia EFE, la juez de instrucción 6 de Sevilla cita como imputados el próximo 2 de marzo a Millán y al técnico de Urbanismo José Manuel Ferrera, adjunto al jefe de sección de Licencias de Primera Ocupación, por "presuntas irregularidades penales" en la concesión a la inmobiliaria Sanma, filial de Sando, de la licencia de primera ocupación para unas naves en Mercasevilla. Sanma se hizo en 2006 con la opción de compra de los terreros de Mercasevilla en un proceso que la juez ha calificado como "fraudulento", por lo que dos directivos de la empresa se encuentran entre la quincena de imputados en los cinco sumarios del caso.
Millán Carrascosa, que ocupa el cargo desde abril de 2008, se une a otros altos cargos imputados en el caso como Manuel Marchena, exgerente de Urbanismo, el exconcejal Gonzalo Crespo (PSOE), el exasesor del PSOE Domingo Enrique Castaño o el exdelegado de la consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. La juez dice que la declaración de los dos nuevos imputados deriva del análisis de los expedientes de licencia de edificación y primera ocupación, de la declaración de otros imputados y de la documental remitida por la compañía eléctrica Endesa "dado que no se habían realizado las obras necesarias para garantizar el suministro eléctrico, el conjunto realizado por Sanma no resultaba apto para el uso que le era propio".
En otra resolución notificada hoy a las partes, la juez da por concluido el primero de los cinco sumarios del caso Mercasevilla, en el que está imputado Antonio Rivas junto a tres directivos de Mercasevilla, y da al fiscal y a la acusación particular que ejerce el PP, el PSOE y el PA cinco días para que presenten sus escritos de calificación.
