Sortu condena la violencia de ETA pero no puede imponer la disolución de la banda

Los abogados de Sortu han planteado ante el Tribunal Supremo una demanda en la que aseguran que no hay motivos "pertinentes ni suficientes" en las alegaciones de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado contra la formación

La demanda reclama al Supremo que desestime la petición del fiscal y del abogado del Estado porque Sortu ha nacido para "dejar huérfana" a ETA. Es una de las muchas conclusiones y definiciones a las que llegan los abogados de Sortu a lo largo de 245 folios de alegaciones. Responden al fiscal y al abogado del Estado porque dicen que "no hay motivos ni pertinentes ni suficientes" para impedir su inscripción como partido político. Dice la demanda que "los estatutos de Sortu y su legalización conducirán al fin de la violencia en el País Vasco y en el Estado, porque suponen la estrangulación definitiva de cualquier espacio social y político para que quienes la practican puedan continuar con su actividad, y cualquiera que sea el proceso de su desaparición es evidente que esta se acelerará. Por lo demás, los estatutos de Sortu fomentan el proceso de desaparición de la cultura política de la violencia en la sociedad vasca".

"Es ahora con ETA en suspensión de sus actividades terroristas cuando tiene autentica trascendencia que desde la Izquierda Abertzale (IA) nazca una fuerza política que rechace de manera indubitada la violencia y el terrorismo de esa organización y contribuya con los demás agentes políticos y con la sociedad a dejarle huérfana de cualquier respaldo social y político". Los abogados que firman la demanda, Iñigo Iruin y Adolfo Araiza, sostienen que "las actividades que dieron lugar a la ilegalización han desaparecido del paisaje político vasco como protagonizadas por la IA. No se pretende la reconstitución o refundación de Batasuna ni formal ni disfrazada". En este sentido, la demanda añade que Sortu "es un nuevo partido ajeno a cualquier clase de connivencia con la violencia y con el terrorismo. No es ropaje jurídico sino ruptura orgánica funcional y de actividad de los partidos ilegalizados".

Los abogados añaden que "la IA puede rechazar y condenar la violencia de ETA pero no puede imponer su disolución. El fin de la violencia depende de quien la practica". Los demandantes, fiscalía y abogacía del estado, "tienen una lógica perversa y contradictoria y es ciertamente insuficientes la entidad probatoria que han presentado".