Cáritas denuncia controles policiales arbitrarios en sus centros para identificar inmigrantes
Cáritas se niega a facilitar los datos de los inmigrantes a los que atiende y pide a la policía que cese esas identificaciones preventivas en sus centros salvo en los supuestos que autoriza la ley: riesgo inminente o comisión de un delito. La red asistencial de la Iglesia alerta sobre los mensajes xenóbofos en un contexto de crisis y en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales
Los controles selectivos y arbitrarios a ciudadanos inmigrantes no sólo se están incrementando en lugares públicos (parques, intercambiadores de transporte, etc) sino que se están produciendo incluso en los propios centros de Cáritas. La red asistencial de la Iglesia denuncia que en un tercio de sus centros se está registrando con carácter sistemático (una vez al trimestre) la irrupción sin previo aviso de la policía que procede a identificar a las personas inmigrantes o que bien exige al personal de Cáritas que les facilite datos de las personas a las que atienden
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"Es una petición sin justificación legal, ya que esa identificación sólo se puede producir en los supuestos que ampara la ley, la existencia de un riesgo cierto e inminente o bien la comisión o prevención de un delito. El hecho de que se produzcan controles selectivos y arbitrarios es discriminatorio y produce dos efectos que nos preocupan mucho: uno, el temor que provocan en los inmigrantes ya que los centros de Cáritas deben ser lugares de acogida seguros, y en segundo lugar, el efecto que suscitan en la población autóctona, alimentando el caldo de cultivo de la xenofobia, al identificar inmigración y delito, con el riesgo de fractura social que ello entraña", explica Ana Abril, directora de Desarrollo Social e Institucional de Cáritas.
Trabas para empadronar
Es uno de los aspectos más destacados del informe elaborado por Cáritas sobre la situación social de los inmigrantes en España como consecuencia de la crisis económica y el primer año de vigencia de la reforma de la Ley de Extranjería. "Y constatamos que ambas cuestiones están provocando efectos muy preocupantes sobre la población inmigrante", explica Ana Abril. Entre ellos, Cáritas destaca las trabas que muchos ayuntamientos están poniendo a los inmigrantes para incluirlos en el padrón municipal, exigiéndoles más requisitos de los establecidos en la ley. "Es un asunto muy serio, porque si un inmigrante no está empadronado se limitan sus derechos a acceder a servicios básicos como la educación o la sanidad. "Pedimos al Gobierno que vele para que los ayuntamientos cumplan escrupulosamente la ley".
El informe de Cáritas alerta también sobre la "situación irregular administrativa sobrevenida" en la que están cayendo muchos inmigrantes que llevaban años plenamente regularizados en España pero que están viendo peligrar la renovación de sus permisos tras haberse quedado en el paro por efecto de la crisis. "Calculamos que en esta situación está ya un tercio (150.000 personas) de los inmigrantes que está atendiendo Cáritas en la actualidad en sus servicios de primera asistencia", explica Ana Abril.
El estudio señala igualmente los recortes generalizados en los presupuestos estatales, autonómicos y locales destinados a la integración social de los inmigrantes y alerta sobre el riesgo de un clima social contrario a los inmigrantes alentado por un contexto de crisis económica y en vísperas además de unas elecciones autonómicas y municipales. "Los inmigrantes no son mano de obra barata, ni competidores por puestos de trabajo, son personas con los mismos derechos y deberes y sólo desde esta dialéctica conseguiremos construir entre todos una sociedad mejor", remachaba hoy en la presentación del informe el Secretario General de Cáritas España, Sebastián Mora.
