Fomento acusa a la Comunidad de Madrid de "marear la perdiz" con su negativa a aceptar la rebaja del transporte público

Fomento cree que la actitud del gobierno regional perjudica a los madrileños, y les discrimina frente a otros ciudadanos que van a disfrutar la rebaja. Cataluña y Asturias sí han aceptado la oferta del Ministerio: una compensación económica a cambio de bajar un 5% el precio de los títulos integrados de transporte

El director general de transporte terrestre del ministerio de fomento, Manuel Villalante, ha acusado al gobierno de Esperanza Aguirre de estar "mareando la perdiz" con sus negativas a aceptar la propuesta del gobierno central para la rebaja del precio del transporte público.

Así lo ha dicho en una entrevista en Hora 14 Madrid, en la que ha señalado, además, que la postura de la comunidad de Madrid discrimina a los madrileños, les perjudica, porque se van a ver privados de una rebaja que sí van a disfrutar los asturianos y los catalanes.

En los últimos días, el gobierno de Esperanza Aguirre ha tachado la propuesta del gobierno central de "ocurrencia", y ha pasado de contraatacar con la petición de una rebaja en el iva, que fomento ha rechazado, a poner sus propias condiciones para firmar el convenio: que la bajada se extienda también al metro y que los casi 11 millones de euros que el gobierno central les ofrece se descuenten de la deuda de la comunidad de Madrid.

En el ministerio creen que la fórmula es un asunto menor, y no cierran la puerta a un posible acuerdo. El director general de transporte terrestre, Manuel Villalante, ha asegurado que están dispuestos a sentarse a negociar cuándo y dónde quiera la comunidad de Madrid que, eso sí, tendrá que respetar las líneas generales del acuerdo aprobado por el consejo de ministros para poner en marcha la rebaja.

La pelota está ahora en el tejado de la comunidad de Madrid, que tiene que valorar si los madrileños tienen por qué seguir pagando lo mismo por su abono de transporte, mientras en Asturias y Cataluña disfrutan de una rebaja del 5 por ciento a coste cero para los gobiernos autonómicos.