José María Ruiz-Mateos, imputado por varios delitos por el caso 'Rayo Vallecano'
Entre ellos, varios delitos ficales y uno contra la Hacienda Pública por un presunto fraude de 21 millones de euros
El empresario José María Ruiz-Mateos, dueño de Nueva Rumasa, y su hijo Javier Ruiz-Mateos Rivero están citados a declarar el próximo lunes como imputados en la investigación que sigue el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid contra el Rayo Vallecano por varios presuntos delitos fiscales
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Fuentes judiciales han asegurado a la Cadena SER que el juzgado investiga al equipo por varios delitos fiscales, uno de falsedad documental, otro contra la Hacienda Pública y un cuarto por alzamiento de bienes, según informa Javier Álvarez. José María Ruiz-Mateos está citado a declarar el próximo lunes a la una de la tarde; su hijo Javier tendrá que hablar con el juez una hora antes. El presunto delito de falsedad documental está relacionado con las actas de las juntas de accionistas de la sociedad Rayo Vallecano. En el caso del presunto delito de alzamiento de bienes, el juzgado investiga en relación a los ingresos que generó la publicidad de la marca "Clesa", que se incorporó a las camisetas de los jugadores de este equipo de fútbol.
El procedimiento, que se encuentra en fase de instrucción avanzada, tiene practicadas casi todas las diligencias solicitadas, así como las pruebas documentales. Las mismas fuentes han asegurado que se ha tomado declaración a los miembros de la asesoría jurídica de la sociedad, al administrador y a su presidenta, Teresa Rivero, y que este próximo lunes están citados a declarar como imputados José María Ruiz-Mateos padre y su hijo, Javier Ruiz-Mateos Rivero. Según las cuentas de Rayo Vallecano correspondientes a 2008-2009, los principales acreedores son Hacienda y la Seguridad Social, que reclamaban 21,68 millones de euros al club de fútbol, correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2004 y 2008.
De esa cantidad, 14,4 millones eran en concepto de IRPF, otros 2,8 millones por IVA y 2,19 millones más correspondían a deudas contraídas con la Seguridad Social. La Administración Tributaria también había determinado que el equipo contrajo entre 2000 y 2002 una deuda de 9,03 millones de euros en concepto de IRPF.