El juez Garzón denuncia al Supremo ante el Tribunal de Derechos Humanos

El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por entender que sus derechos fundamentales se han visto vulnerados durante el proceso que se tramita contra él en el Tribunal Supremo (TS) por haber investigado la Memoria Histórica

El texto de la demanda no solicita ninguna medida cautelar y se presenta ahora porque "la vulneración de derechos ya se ha producido y el daño - un año de suspensión de sus funciones- ya no se puede reparar aunque finalmente fuera absuelto"

La demanda por violación del principio de independencia judicial ha sido presentada ante el Tribunal Europeo poniendo en entredicho la legalidad del procedimiento judicial contra él por haber abierto una investigación sobre los crímenes cometidos durante el franquismo, a petición de las familias y representantes de las víctimas del régimen.

El juez Garzón estará representado por INTERIGHTS , una organización especializada en litigio internacional de casos de derechos humanos.

Garzón alega que "el caso penal abierto contra él en España viola varias de las obligaciones españolas según el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entre estas se incluyen la obligación de proteger la independencia judicial y la de proteger a los individuos de procedimientos penales sin fundamento. En concreto, el caso pone de manifiesto las violaciones de la obligación de no someter a los individuos a procesos penales injustos per se, de someter personas a procesos sólo sobre la base de normas penales claras y estrictamente aplicadas, y de respetar la vida personal y el desarrollo profesional de los individuos y sus derechos a expresar opiniones judiciales".

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"Este caso trata del enjuiciamiento injustificable de un juez por veredictos razonados de forma cuidadosa, y como respuesta a su intento de impartir justicia a las víctimas de las atrocidades del franquismo. Como tal, tiene múltiples repercusiones y representa una clara amenaza a la independencia judicial y a la función de los jueces a la hora de garantizar la responsabilidad por supuestos crímenes sistemáticos y generalizados".