González-Sinde: "La piratería será un recuerdo del pasado"

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, se ha referido por primera vez al reglamento de desarrollo de la ley que lleva su nombre y con la que espera impulsar los nuevos modelos de negocio del sector cultural en internet con una oferta atractiva y precios competitivos. La ministra ha asegurado que "la piratería será un recuerdo del pasado".

Según la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, bloquear el acceso a los contenidos de páginas web con servidor en el extranjero "no es una práctica excepcional porque ya se hace con páginas de medicamentos que no son legales en España, o con webs que incitan a la anorexia o cualquier otra actividad que la autoridad considera que vulnera derechos o que es ilícita". Ha insistido en que la decisión del bloqueo a esos contenidos depende en última instancia de un juez.

La ministra ha señalado que es también una práctica que va a poner en marcha el gobierno holandés que está preparando una ley muy parecida a la española porque es una reconversión industrial que afecta a toda Europa y en la que está segura que "en muy poco tiempo la piratería será un recuerdo del pasado", de esos primeros años en los que nos habituábamos a la convivencia en internet y que tiene que haber unas normas de convivencia en la que unos respetemos los derechos de los demás en que todos y en la que todos creamos que los derechos pueden ser compatibles".

Sobre la petición realizada ayer por la Coalición de creadores e industrias de contenidos para que se castigue la reincidencia en las conductas que favorezcan la piratería, la ministra ha dicho que no es una cuestión que esté contemplada en la ley. González-Sinde cree que tener un nuevo marco legal va a permitir un desarrollo mucho más rápido de una oferta legal a precios competitivos y baratos y que permita una difusión y un acceso a la cultura moderno y como los ciudadanos quieren y demanda.

La ministra de cultura confía en que la aprobación del Real Decreto se pueda realizar en el plazo de tres meses tras realizar trámites preceptivos como el periodo de alegaciones y las consultas a organismos como el Consejo de Estado.

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