La Fiscalía Anticorrupción apoya que el caso Rumasa se investigue en la Audiencia Nacional

Los fiscales anticorrupción consideran que los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional tienen competencia para investigar una presunta estafa masiva porque afecta a varias comunidades autónomas.

La semana pasada alrededor de 70 inversores en pagarés de Nueva Rumasa presentaron ante la Audiencia Nacional la primera querella contra el patriarca de la familia Ruiz-Mateos y sus seis hijos varones por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración y delito contra los intereses de los consumidores.

Según la querella, también están denunciadas por estos delitos siete empresas pertenecientes a la familia: Dhul, Clesa, Carcesa, Nueva Hotasa, Rumanova, Inversiones Ruiz-Mateos y José María Ruiz-Mateos SA. Estas empresas fueron las que emitieron los pagarés o los avalaron, como fue el caso de Clesa y Dhul.

Los abogados de los perjudicados, junto a las correspondientes penas de prisión, exigen la devolución de los 10 millones de euros invertidos en los productos emitidos por las empresas de Nueva Rumasa, de los que sería responsable civil subsidiario el Estado.

Según explica el abogado del despacho de Enrique San Juan, los Ruiz-Mateos cometieron, presuntamente, un delito de estafa con los inversores en pagarés, ya que "hubo un desplazamiento patrimonial basado en el engaño y en la certeza de que las cantidades aportadas no se podían devolver". Además, San Juan considera que cometieron un presunto delito de administración desleal en las grandes enseñas de Nueva Rumasa al utilizar una sociedad que gestionaba su tesorería en su perjuicio y en beneficio de otras compañías del conglomerado de Nueva Rumasa.

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