El gobierno catalán prevé aflojar el nivel de exigencia de su legislación medioambiental
Es una medida más que recoge la conocida como Ley Ómnibus, una especie de cajón de sastre con la que el gobierno de la Generalitat pretende modificar hasta unas ochenta leyes actualmente vigentes
Entre las múltiples vertientes que toca esta denominada Ley Ómnibus está la legislación medioambiental. El gobierno de CiU prevé ser menos exigente con aquellas empresas que quieran abrir nuevas plantas o centros de producción en Catalunya. Algunas podrían dejar de requerir el estudio previo de impacto ambiental hasta ahora obligatorio.
De aprobarse la ley, quedaría en manos de una comisión de la propia administración decidir si determinadas instalaciones, potencialmente contaminantes, requerirán o no una evaluación previa de impacto ambiental. Hasta ahora este trámite era obligatorio.
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El anteproyecto de ley habla de 28 casos concretos. Entre ellos, la instalación de fábricas de cemento o yeso, las centrales de recogida y transformación de residuos peligrosos, las plantas de tratamiento de purines o los campings de más de 1.500 plazas y los parques temáticos de más de 20 hectáreas. Éstos y otros casos, por tanto, podrían quedar exentos de tener que superar un estudio de impacto ambiental.
La oposición no ha tardado en reaccionar, desde ICV, Salvador Milà, denunciaba que estos cambios supondrían "un grave salto hacia atrás en la lucha por la protección del medio ambiente".
Por su parte, el departamento de Territori i Sostenibilitat defiende que no se trata de una rebaja en el control del impacto ambiental de estas centrales, sino que es una vía para acelerar y agilizar la puesta en marcha de proyectos. Lo mismo opina el conseller de Agricultura, Josep Maria Pelegrí. Él hablaba de "desburocratizar procesos".
Otro cambio que prevé la ley es que si hasta ahora las empresas estaban obligadas a utilizar e implementar las mejores técnicas disponibles en el mercado para reducir sus emisiones contaminantes, ahora, simplemente deberán tener en cuenta los últimos avances en esta materia, pero no estarán obligadas a utilizarlos.
