El PSOE propone cambiar la Ley Hipotecaria para que la Iglesia no se apropie de más inmuebles

Desde que se crea el registro de la propiedad, no todos los bienes inmuebles están inscritos. Hay muchas propiedades, entre ellas lugares de culto como iglesias o ermitas, y otros como casas rectorales, viñedos, solares o incluso pisos que, precisamente por el uso público que se les daba, se consideraba que pertenecian a los pueblos. Por ello, nunca se registraron. Y es ahí donde empieza el problema.

Según los artículos 206 y 304 de la Ley y el Reglamento Hipotecario, tanto el Estado, como la provincia o los municipios, es decir las corporaciones de derecho público, pueden emitir una certificación de dominio que permite inmatricular una propiedad en el registro, es decir inscribirlo por primera vez. Lo más llamativo es que este privilegio también se extiende a la Iglesia Católica, equiparando a los obispos a funcionarios públicos. Además, con la reforma de la ley en 1998, este privilegio se agrandó cuando el Gobierno de entonces suprimió el artículo 5 del reglamento citado, que impedía la misma práctica sobre edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas.

Desde la "Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro" quieren denunciar la inmatriculación masiva de bienes patrimoniales por parte de la de la diócesis de Pamplona, porque, según argumenta, se ampara en un principio que consiste en dar privilegio y presunción de propiedad a la Iglesia, algo que, a su juicio, es inconstitucional. "Las reglas del juego dicen que ninguna confesión tendrán carácter estatal", sostiene Alejandro Torres, catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Navarra y miembro de la plataforma.

A partir de ahí, proponen a los grupos políticos abrir el camino de una modificación legislativa que suprime este privilegio a la Iglesia Católica. "No se trata de una cuestión política o ideológica, se trata de ser coherente con las reglas del juego constitucional", slstiene el catedrático. Desde el partido socialista, a través del presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Cuesta, han expresado su compromiso de trasladar esta denuncia al resto de partidos políticos y al propio ministerio de Justicia, porque consideran legítimos los argumentos jurídicos que se defienden desde la plataforma. "Observo la posibilidad, aunque es una posibilidad que corre a cargo del Gobierno y del Parlamento, de corregir inmediatamente esta disfunción claramente inconstitucional de la Ley Hipotecaria, a través de una reforma en la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado", ha manifestado el propio Cuesta.

Desde la plataforma advierten de que esta situación no ocurre solo en Navarra sino en todas las regiones de España " Hemos recibido llamadas prácticamente de toda España, el problema es que todavía no han salido a la luz los datos del número de inmuebles que la Iglesia a registrado en todo el país", sostiene Isable Urzainque, portavoz de la plataforma.