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El Gobierno traslada a Europa la reactivación de las restricciones al trabajo de los rumanos en España

La medida, temporal, se revisará el próximo año y no afectará a quienes ya forman parte del mercado laboral español

El Consejo de Ministros ha autorizado remitir a la Unión Europea para su autorización, la Orden Ministerial aprobada este viernes por la que se reactivan las restricciones al empleo por cuenta ajena de los rumanos en España, que a partir de ahora necesitarán un permiso de trabajo para poder acceder al mercado laboral nacional.

Así lo ha explicado el portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, quien ha reiterado que el objetivo de esta medida es "vincular el flujo de entrada" de rumanos "a las necesidades" del mercado de trabajo español y "evitar que estas personas caigan en la economía sumergida y sean víctimas de abusos y explotación laboral".

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Asimismo, ha incidido en que la iniciativa "no concierne a los que ya residen en España" y ha dicho que "tan sólo establece limitaciones a las nuevas entradas". La decisión "no tiene ninguna implicación en la libre circulación de personas en el ámbito de la UE" y "se va a desarrollar, como es lógico, en plena coordinación con las autoridades rumanas", ha añadido.

En este sentido, el ministro de Trabajo, Familia y Protección Social de Rumanía, Sebastian Lazaroiu, declaró esta semana en un medio local que las autoridades españolas "han actuado con mucha corrección y han informado de sus intenciones". No obstante, señaló que "es un caso sin precedentes" y "muy difícil de resolver para la Comisión Europea", que "habrá de analizar cuidadosamente" la medida y "comprobar si alcanza los objetivos con los que se plantea".

Horas antes de la comparecencia de José Blanco tras el Consejo de Ministros, la Comisión Europea ha advertido a España de que "en principio, no puede" reintroducir los permisos de trabajo para los ciudadanos rumanos porque contravendría las normas europeas en materia de libre circulación de trabajadores.

"España ha liberalizado su mercado de trabajo (a los ciudadanos rumanos) y aplica el derecho comunitario sobre libertad de circulación del trabajador (...). En ese contexto, España en principio no puede reintroducir nuevos acuerdos transitorios para los trabajadores rumanos", ha informado en rueda de prensa un portavoz comunitario, David Boublil.

No obstante, ha explicado que existen salvaguardas que permiten "excepcionalmente" a un Estado miembro solicitar autorización para reintroducir restricciones, esto es, en el caso de que exista una situación que amenace el derecho comunitario o plantee "serios problemas para el mercado laboral". Pero en cualquier caso, debe "someter una petición" al Ejecutivo comunitario, que examinará si la iniciativa se ajusta a derecho.

Esta es la salvaguarda a la que se acoge ahora el Gobierno español para restringir la entrada de nuevos trabajadores rumanos al mercado laboral, basándose en que la población de esta nacionalidad ha seguido creciendo a un ritmo cercano al once por ciento interanual durante la época de crisis, que el paro entre su comunidad ronda el 38 por ciento y que la situación económica española no admite nuevos trabajadores.

Cuando Rumanía y Bulgaria se adhirieron a la Unión Europea, el tratado de adhesión permitía a los Estados miembros establecer un periodo de un máximo de siete años durante el que limitar la entrada de ciudadanos de estos países en sus mercados laborales. España levantó esta moratoria en enero de 2009, reservándose el derecho de volver a implantar las restricciones en caso de que su mercado laboral atravesase dificultades.

En Alemania, Francia e Italia, donde no se llegó a levantar la moratoria, rumanos y búlgaros siguen necesitando un permiso de trabajo para ser contratados por cuenta ajena. En el caso de los búlgaros, España mantendrá la libertad para trabajar sin necesidad de autorización previa.

Se revisará al cabo de un año

El Ministerio de Trabajo e Inmigración ha explicado esta semana que la medida, que entrará en vigor de forma inmediata, será de carácter temporal, se revisará al cabo de un año y no afectará a los rumanos que ya se encuentran en el mercado laboral español, ya sea trabajando, cobrando el paro o en búsqueda activa de empleo a través del servicio público estatal.

Así, a partir de ahora los rumanos que quieran incorporarse al mercado laboral español tendrán que presentar primero un contrato laboral en firme que les dará acceso a una autorización de la Administración para ser contratados por cuenta ajena. En su caso no será tenida en cuenta la situación nacional de empleo, como se hace con las nacionalidades de fuera de la Unión Europea, sólo la existencia de dicha oferta contractual en firme.

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, ha incidido esta semana en que la decisión no apunta a los rumanos por el hecho de serlo, ya que se trata de una población "bien integrada" en España, sino porque es la única nacionalidad inmigrante con crecimiento poblacional en los últimos tres años a la que no se exige este permiso.

"?sta es una decisión estrictamente técnica, basada en consideraciones internas generadas por la situación del mercado laboral en España, y se enmarca en la política migratoria general adoptada por el Gobierno", ha acotado su departamento, para incidir en que "la comunidad rumana tiene una alta tasa de actividad y una plena integración en la sociedad española".

Blanco: Esta medida pretende "vincular el flujo de entrada a las necesidades de nuestro mercado de trabajo"

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