La Audiencia investiga el acoso de los 'indignados' a parlamentarios catalanes

El juez Eloy Velasco ha asumido la investigación de los incidentes de Barcelona al considerar que podrían constituir un delito de amenazas graves contra Altos Organismos de la Nación.

El acoso a los parlamentarios por parte de los indignados del 15-M pudo impedir la asistencia a las sesiones y entorpecer el trabajo de los diputados, utilizando para ello el empleo de fuerza, violencia e intimidación. Todos estos supuestos están recogidos y castigados en el código penal de tres a cinco años de cárcel.

El juez pide a la fiscalía de Barcelona y a la policia autónoma que envíen toda la documentación sobre los implicados y los vídeos donde recogen los incidentes. Según el conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, están localizadas e identificadas once personas y los expedientes están listos para enviarlos a la Audiencia Nacional.

El magistrado sigue así el criterio de la Fiscalía y acepta también que el pseudosindicato, Manos Limpias, pueda personarse como acusación popular, "dado el interés ciudadano (...) en la persecución de delitos que afectan a sus instituciones esenciales".

Eso sí, obliga a esta Asociación -sin representación en ningún centro de trabajo- a que deposite una fianza de 3.000 euros aunque la Fiscalía pidió una caución de 50.000 euros al considerar Manos Limpias actuó de mala fe pretendiendo hacer una causa general contra el movimiento 15-M. El juez solo investigara los incidentes ante el Parlament.

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