Sociedad
JUICIO POR LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO

"A mi padre se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba mi madre"

El juicio contra Garzón por haber investigado los crímenes del franquismo se reanuda con el testimonio de una veintena de represaliados del franquismo

Víctimas del franquismo testifican ante el Supremo

En el pecho de María, la  foto de su madre...La mataron en  el 36... ella tenía 6 años a sus 81 años María no quiere morirse sin recuperar los restos de su madre .sabe dónde están  lo lleva apuntado en una libreta Hoy se lo ha contado al tribunal supremo ...con la voz rota...pero  el empeño intacto....Igual que  Pino , a ella  le duele su padre.no lo conociócuandoLo mataron los falangistas en Canarias ... Su madre, embarazada de ella  nunca aceptó el certificado de defunción maria, pino ...como las suyas  130.000  historias ... 130.000 desaparecidos . / AGENCIA ATLAS

Continúa la vista contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, acusado de un presunto delito de prevaricación por haber investigado los crímenes del franquismo. Queda por delante la prueba testifical. Desfilarán hasta 22 testigos propuestos por la defensa del magistrado que ejerce el letrado Gonzalo Martínez Fresneda. El presidente del tribunal, Carlos Granados, ha frenado en seco la maniobra del abogado de la acusación popular, que ha intentado impedir que se escuchen en la sala los testimonios de las víctimas.

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María Martín López ha sido la primera testigo que ha declarado ante el tribunal que enjuicia a Baltasar Garzón. María tiene más de 80 años, pelo blanco, se desplaza con ayuda de un andador y apenas tiene un hilo de voz.

Ella les ha dicho a los siete magistrados que a su madre la mataron durante la guerra, cuando ella sólo tenía seis años y que a su padre se lo llevaron preso. Sabe que los restos de su madre están enterrados en la cuneta de la nacional 501 muy cerca de Arenas de San Pedro, en Ávila, pero nadie le ha ayudado y eso que ha mandado un sinfín de cartas a distintos organismos públicos pidiendo solo eso, ayuda. María también ha contado que cuando su padre fue excarcelado trató de exhumar los restos de su mujer pero las amenazas le obligaron a desistir: "no vayamos a hacer contigo lo que hicimos con ella", le dijeron.

Esta testigo ha concluido señalando que les obligaban a beber aceite de ricino. A ella, con seis años, medio litro con diez guindillas. A su hermana, de doce, un litro con 20 guindillas. Después ha sido el turno de Pino Sosa, en representación de la asociación canaria de arucas. El padre de Sosa es otra víctima más del franquismo. Ella, de 75 años, ha explicado que acudió a los tribunales a pedir lo que estuvo toda su vida pidiendo su madre y ha recordado sus palabras: "Se lo llevaron vivo y vivo lo reclamo".

El escollo del 23 F

Ángel Rodríguez, representante de la asociación de Pontearéas, ha sido el tercer testigo del juicio. Historiador de profesión, ha señalado que el entonces incipiente proceso de exhumar fosas con víctimas del franquismo se paralizó tras el 23 F. Se produjo lo que ha llamado una "suspensión de la memoria". Rodríguez ha expuesto las conclusiones de su trabajo de investigación que pasan por considerar que el franquismo ejecutó "un plan sistemático para eliminar a los legítimos responsables políticos de la II República y a las fuerzas que les defendieron". El testigo ha añadido que se trató de un plan "pensado y preparado casi un año antes del golpe de Estado" y ha hablado de "genocidio".

El objetivo de su denuncia ante la Audiencia Nacional, ha precisado, era obtener la intervención judicial para "reconstruir lo más fielmente posible lo que ocurrió con los desaparecidos del franquismo y que se les pudiera reparar de alguna forma" porque sin intervención judicial "es imposible averiguar algo sobre ellos"

El presidente del tribunal, Carlos Granados, ha rechazado la petición del abogado de los querellantes, que ha tratado de impedir que se escucharan estos testimonios de algunos represaliados del franquismo. Granados ha dicho: ''Es el presidente del tribunal el que decide qué preguntas son pertinentes''.

Las acusaciones populares, el autodenominado sindicato Manos Limpias y el colectivo Libertad e Identidad, piden 20 años de inhabilitación para el juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación cometido al haber investigado los crímenes del franquismo. La fiscalía y la defensa piden la libre absolución por no apreciar indicios de delito. El juicio se ha reanudado después de que ayer el tribunal rechazara anularlo, tal y como pidieron el fiscal y la defensa. La votación fue muy ajustada. Cuatro magistrados decidieron continuar con el proceso, mientras que tres votaron en contra en base a la doctrina Botín y a las presuntas irregularidades cometidas en la fase de instrucción por el magistrado Luciano Varela.

Garzón: ''No voy a contestar a la acusación popular por considerar que no está legitimada para estar en esta sala''

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Pedro Jiménez

Pedro Jiménez

Redactor Jefe en la Cadena SER. Antes he pasado por los equipos de Hora 14, Radio Madrid, Fin de Semana,...

 
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