Hasta 60.000 propiedades privadas podrían beneficiarse de la reforma de la ley de costas

El gobierno del PP ha anunciado una reforma de la ley de costas que incluye la ampliación de las concesiones a los chiringuitos y otras propiedades privadas que ahora ocupan la zona pública y protegida del litoral español. Esta reforma legal podría beneficiar a unos 60.000 propietarios.

Más de 20.000 propiedades privadas situadas ahora en primera línea de playa pueden beneficiarse de la ampliación de las concesiones que ha anunciado el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, según han informado a la Cadena SER fuentes técnicas conocedoras de este proceso de reforma de la ley de costas que ha iniciado el gobierno del Partido Popular.

El Ministerio de Agricultura ha realizado ya muestreos en las comunidades autónomas afectadas y, por ejemplo, sólo en Cantabria hay más de 400 propietarios privados que podrán seguir ocupando esta primera línea del litoral.

En más de la mitad de los casos se trata de chiringuitos, instalaciones industriales o ganaderas, pero también hay viejos hoteles y chalets cuya concesión administrativa (para poder estar en esta zona pública de protección del litoral) caducaba dentro de sólo 6 años, pero que ahora, gracias a la reforma de la ley de costas, podrán seguir ocupando esta cotizada parte de la costa.

Además, expertos consultados por la SER se han mostrado especialmente "preocupados" por la agilización en la desafectación de zonas costeras, que también ha anunciado el Ministerio de Agricultura, ya que, según sus cálculos, podría suponer la legalización de otras 40.000 propiedades privadas que ahora están ocupando el dominio público protegido de la costa.

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Mientras tanto, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha participado hoy en un encuentro con empresarios de playas en Torremolinos (Málaga) y les ha asegurado que los chiringuitos son "motor económico, de desarrollo y generador de empleo", además de ser una actividad "fundamental". Por esta razón, ha avanzado que hay que "proteger" al empresariado y a los emprendedores para que "se desenvuelvan en un marco de seguridad, puedan hacer inversiones y sean competitivos".

Sin embargo, Greenpeace ha advertido que la reforma de la ley de costas producirá un desmantelamiento a gran escala de la zona pública del litoral español.