Empleo aplica la reforma laboral y rechaza el convenio de la construcción
Se pactó con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma laboral
El gobierno argumenta que no puede prevalecer sobre convenios de empresa y patronal, y sindicatos hacen frente común para defenderlo.
La Dirección General de Trabajo ha ''tumbado'' el convenio sectorial de la construcción porque su articulado lo prioriza frente a cualquier convenio de empresa, al que, por el contrario da prevalencia la reforma laboral. Sin embargo, este convenio sectorial fue presentado a Empleo antes de que se aprobara el decreto del Gobierno, denuncian desde CC.OO.
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Así, el V convenio general del sector de la construcción se firmó el pasado 20 de enero por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y las federaciones del ramo de CC.OO (Fecoma) y UGT (MCA-UGT). Después fue presentado a la Dirección General de Trabajo, pero desde CC.OO. se sugiere que ha podido producirse una demora premeditada en su registro para esperar a que entrara en vigor la reforma laboral y poder desestimarlo en favor de los convenios de empresa.
Ahora, el departamento que dirige Fátima Báñez ha puesto en marcha una de las disposiciones de la reforma laboral para no registrar un convenio que afecta a las condiciones salariales y organización del trabajo de los más de un millón de trabajadores del ''ladrillo''.
Según la notificación de la Dirección General de Trabajo remitida a las partes, el artículo 12 del convenio dispone, por ejemplo, que las materias que contienen relativas a contratación, clasificación profesional, percepciones económicas o jornada anual quedan "reservadas" a la negociación de ámbito estatal.
Pero Empleo argumenta que "durante la tramitación del expediente administrativo" del convenio ha tenido lugar la modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, tras la entrada en vigor de la reforma laboral el 10 de febrero, por la que se declarara que "la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior" en las materias que aborda este artículo 12 del convenio de la construcción, con lo que el acuerdo "no se ajusta" a la norma.
Los sindicatos y la patronal piden que se respete
Tanto sindicatos como patronal defienden el acuerdo alcanzado antes de la reforma y la prevalencia de un convenio sectorial estatal en este sector.
Según el secretario de Acción Sindical de CC.OO., Ramón Górriz, los sindicatos no tienen intención de corregir nada de este convenio. Además, advierte de que la decisión de Empleo "puede tener consecuencias muy graves" que no precisó.
Por su parte, desde la Comisión Nacional de la Construcción (CNC) se recalca que "sería una locura" establecer diferentes condiciones de trabajo según la empresa, pero se confía en poder alcanzar una acuerdo entre patronal y sindicatos, que "van de la mano en esto", y el Ministerio de Empleo para lograr la "adaptación" de los dispuesto en el convenio a la legislación actual.
La respuesta llegará en una semana
En la notificación se da la opción a las partes a que efectúen alegaciones para "rectificar" el convenio en un plazo de 10 días hábiles. Górriz ha señalado que el Ministerio de Empleo les dará una respuesta sobre una posible solución en el plazo de una semana.
Según el procedimiento, si no hay acuerdo para modificar el convenio, la Dirección General de Trabajo elevará el expediente a la Audiencia Nacional, que tendrá que tomar una decisión definitiva.
Los servicios jurídicos de CC.OO. denuncian que el Ministerio de Empleo se ha "extralimitado" al tomar esta decisión, puesto que el convenio debía haberse analizado de acuerdo con la norma laboral en vigor en el momento de su presentación al registro.
Además, instan al departamento de Báñez a que clarifique la norma en cuanto a las cuestiones relacionadas con la transitoriedad de la medida para que la reforma laboral no afecte a otros convenios ya firmados.
El convenio sectorial de la construcción fija para 2012 una subida salarial del 1%, más una compensación en caso de que el IPC del año supere el 2%, y deja a la negociación anual las actualizaciones salariales de los años sucesivos.
