El Gobierno deberá responder a las demandas de información en el plazo de un mes

Los ciudadanos cuyas peticiones no reciban respuesta o sean denegadas podrán recurrir ante la Agencia de Calidad de los Servicios y Evaluación de las Políticas Públicas que pasará a llamarse en el momento de aporbación de la ley, Agencia de Transparencia.

Las Administraciones tendrán un plazo máximo de un mes para contestar a los ciudadanos que deseen acceder a información que afecta a un determinado organismo público. Así se establece en el anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros ha estudiado hoy.

El Gobierno, de forma similar a otros países como EE UU y Reino Unido planéa así dar carta de naturaleza a una ley de libre acceso a la información. Las Administraciones estarían obligadas por defecto a satistacer las demandas ciudadanas de información y en caso de que se denegasen,la negativa debería ser razonada . Y es que la Ley plantea límites al aceso cuando se trate de datos que afectan a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias.

Los ciudadanos cuyas peticiones no reciban respuesta o sean denegadas, pordrán recurrir ante la Agencia de Calidad de los Servicios y Evaluación de las Políticas Públicas que pasará a llamarse ahora Agencia de Transparencia.

Otro aspecto recogido en esta Ley de Transparencia, es la obligatoriedad de las administraciones de publicar en sus webs : contratos adjudicados, convenios suscritos, subvenciones y ayudas públicas concedidas y los presupuestos, con descripción de las partidas y datos actualizados sobre su ejecución.

La excepción : la Casa Real

La portavoz del Ejecutivo ha explicado que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno obligará a la Administración Pública a informar en qué gasta el dinero público, pero la Casa Real es una institución que no está dentro de la Administración pública. Santamaría ha respondido así a la moción aprobada por el Parlamento navarro, que instaal Ejecutivo español a que incluya en la ley "los mecanismos legales que resulten oportunos" para conocer las asignaciones y el patrimonio de cada miembro de la Casa Real.

El anteproyecto recibirá luz verde este lunes cuando se publique en la web de la Moncloa se someterá la ley al trámite de audiencia pública para que los ciudadanos puedan realizar sus aportaciones durante 15 días.

La norma volverá al Consejo de Ministros y después seguirá su recorrido en las Cámaras. Santamaría no ha querido pronunciarse sobre los plazos de aprobación auqnue preguntada al respecto ha aclarado que "junio es plazo excesivamente corto".