La Policía destapa 129 millones de fraude a la Seguridad Social en 2011

La Policía imputó a 1612 personas en 2011 por delitos de fraude a la Seguridad Social. Unos delitos que suman unos 129 millones de euros durante todo el año. Los implicados más habituales en este tipo de fraudes son empresarios que incumplen la obligación de cotizar, falsas insolvencias o contratos fraudulentos para obtener prestaciones o subsidios. Cerca de 900 personas jurídicas y más de 2.800 personas físicas fueron investigadas durante el pasado año, según el balance hecho público por la Policía.

El balance policial del fraude a la Seguridad Social durante el año 2011 arroja la cifra de un agujero de más de 129 millones de euros, una cantidad que ha salido a la luz por las investigaciones de las brigadas de Delitos Económicos especializadas en la lucha contra el fraude, que llevaron a cabo 531 operaciones durante el pasado año. Investigaciones que suelen iniciarse a raíz de irregularidades detectadas por las distintas entidades de la Seguridad Social en sus controles habituales, a través de las denuncias que llegan a otras unidades policiales y a instancia de las autoridades judiciales.

Los principales delitos contra la Seguridad Social son los cometidos por empresarios que incumplen sistemáticamente la obligación de cotizar e intentan ocultar la titularidad de las sociedades, a través de empresas interpuestas y testaferros, para eludir al fisco. El Código Penal castiga este delito cuando la deuda supera los 120.000 euros en un mismo ejercicio. Es habitual en este tipo de fraudes el conocido como insolvencia punible, cometido por personas jurídicas que no cotizan a la Seguridad Social, cambian el nombre de la empresa o la descapitalizan a través de testaferros para dejar la deuda en la sociedad insolvente.

Empleados falsos por subsidios

De las más 1.600 personas imputadas durante el 2011, algunas lo están por falsificar los documentos de cotización, a menudo responsables de empresas que suelen utilizar subcontratas en la construcción o servicios, a fin de acreditar ante las contratistas los pagos de las cuotas de seguros sociales que no han realizado. Entre las falsificaciones documentales hay también un gran número de empresarios imputados por falsificar altas en la Seguridad Social para obtener prestaciones y subsidios.