Gallardón anuncia que la prisión permanente revisable solo será para el terrorismo
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, también contradice a Interior al afirmar que el Gobierno "no perseguirá penalmente" la resistencia pasiva en las manifestaciones y aboga por reformar la Ley del Jurado
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado esta mañana, en contra de lo que se había manifestado hasta la fecha, que la reforma del Código Penal que comenzará a tramitarse tras el verano solo contemplará la pena de prisión permanente revisable para los delitos relacionados con el terrorismo.
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Gallardón, que ha participado en los desayunos organizados por la agencia Europa Press, ha apostado por endurecer las penas por los delitos contra los menores "fundamentalmente aquellos vinculados con agresiones de carácter sexual" pero ha sido tajante al asegurar que la prisión permanente revisable se aplicará "única y exclusivamente" al terrorismo. Para el responsable de Justicia, sería de "enorme dificultad" aplicarla a otros delincuentes que hayan cometido graves delitos, como los violadores o asesinos porque "sería difícil determinar" si están en condiciones de ser recuperados y reinsertados en la sociedad.
El ministro de Justicia también ha contradicho al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al asegurar que "no será perseguible penalmente" la resistencia pasiva en las manifestaciones. Ruiz-Gallardón dice que el endurecimiento de las penas al respecto se aplicará "a quienes agredan" a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o provoquen daños en los bienes privados o públicos. "No se busca limitar el derecho de manifestación", sostiene, sino hacer frente a las "estructuras organizadas" que se infiltran en las protestas de los ciudadanos para cometer "auténticos atentados callejeros.
Por último, el ministro ha declarado que pretende reformar la Ley del Jurado. Dice que no le gusta la "ausencia de libertad" de los miembros del jurado para adoptar decisiones cuando se ven "presionados por el entorno". También quiere corregir que deban pronunciarse sobre cuestiones sobre las que "se requieren conocimientos jurídicos suficientes".