El Tribunal Supremo condena al ex jefe de Inspección de la Hacienda de Bizkaia a 4 años y medio de prisión por un delito continuado de falsedad de documento oficial

Giro radical al 'caso Ibarra'. El Tribunal Supremo ha atendido parcialmente las peticiones del Ministerio Fiscal, única acusación. El fallo hecho público anula la absolución del acusado ordenada en abril de 2011 y, un año después, condena al que fuera jefe de Inspección de la Hacienda de Bizkaia a cuatro años, seis meses y un día de cárcel por un delito continuado de falsedad de documento oficial, mientras confirma la exculpación de la secretaria del Departamento, Valvanera Canal.

El Alto Tribunal entiende que Juan Ramón Ibarra sí cometió un delito al ordenar crear un listado informático con el que simulaba que unos doscientos contribuyentes estaban siendo investigados, cuando realmente no era así. La sentencia explica que "la simulación de un documento como veraz en su contenido cuando realmente no lo era, alteraba sin duda el tráfico jurídico" de los servicios de gestión e inspección de la Hacienda Foral. El texto continúa asegurando que dicho documento "activaba la traba o el aviso", de manera que dificultaba el acceso a otros inspectores que, si decidían abrir una investigación, debían pasar el trámite de autorización previa de Ibarra. Por tanto, dificultaba enormemente el procedimiento. Con todo ello, se produjo un "menoscabo del bien jurídico" que tutela la norma penal. Según recoge el fallo "una mayoría" de los presentes se decantó a favor de incriminar como "falsedad ideológica la creación de documentos falsos en su contenido, al reflejar una operación inveraz por inexistente, aunque no concurrieran falsedades materiales en el documento". Por último, los magistrados del Supremo han tenido en cuenta que se juzga a un funcionario público "en el ejercicio de su función, y no un mero particular". La diputación, por su parte, elude por el momento hacer ningún tipo de declaración.

Tras casi una década de proceso, al ex jefe de Inspección de la Hacienda sólo le queda el recurso ante el Tribunal Constitucional.